Hasta hace no tanto, el fibrocemento con amianto formaba parte del paisaje urbano e industrial en España. Se utilizaba en cubiertas, depósitos de agua y conducciones por su resistencia y bajo coste, sin prever que décadas después se convertiría en una amenaza para la salud pública y el medio ambiente.
Hoy la retirada de amianto ya no es una recomendación, es una obligación legal que avanza hacia un plazo definitivo: 2032. Llegar a esa fecha sin haber actuado puede implicar sanciones millonarias y responsabilidades penales difíciles de afrontar.
El amianto en la construcción: pasado y riesgos actuales
Durante la segunda mitad del siglo XX, la uralita se instaló de forma masiva en edificios residenciales, fábricas y almacenes. Su uso en bajantes, tejados y depósitos fue tan habitual que todavía hoy sigue presente en miles de inmuebles.
El deterioro de estos materiales libera fibras invisibles al aire, lo cual repercute en riesgos para la salud. Su inhalación está asociada a enfermedades graves como la asbestosis, el mesotelioma o el cáncer de pulmón, patologías reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como consecuencia directa de la exposición al amianto.
Además de la salud, la presencia de uralita deteriorada afecta al medio ambiente. Las fibras pueden depositarse en el suelo y el agua, generando un problema de contaminación que obliga a tomar medidas preventivas.
El marco legal que marca los plazos
La normativa española ha establecido un calendario claro para la eliminación progresiva del amianto. El Real Decreto 396/2006 lo clasificó como residuo peligroso y obligó a contar con un plan de trabajo específico para su gestión. La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados fijó la fecha límite en 2032 para retirar todos los elementos de fibrocemento en edificios.
El Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) controla qué compañías están capacitadas para manipular estos materiales. Notificar la presencia de amianto es un trámite obligatorio que, de no cumplirse, puede conllevar sanciones económicas de gran envergadura.
Las sanciones y multas por incumplimiento pueden alcanzar decenas de miles de euros por cada elemento detectado. A esto se suma la posible responsabilidad civil y penal en caso de liberación de fibras al ambiente por un mal manejo o por dejar que las instalaciones se deterioren.
Cómo planificar la retirada antes de 2032
Anticiparse es clave para evitar sanciones y costes elevados. Cuanto más tiempo pase, mayor será el deterioro de los elementos y más complejo resultará su desmontaje seguro. Para evitarlo, se deben seguir los siguientes pasos:
- Auditoría y plan de trabajo. En primer lugar, hay que realizar una inspección que identifique cubiertas, depósitos y bajantes de uralita. Con esta información se elabora un plan de trabajo que incluye plazos, medidas de seguridad y control de fibras.
- Gestión administrativa y ayudas disponibles. En segundo lugar, el plan debe presentarse en el RERA, que supervisa la ejecución. Algunas comunidades autónomas ofrecen subvenciones para reducir el coste de la intervención, por lo que conviene informarse con antelación.
Hostec, especialistas en la retirada de uralita
Contar con expertos es la garantía de que el proceso se realizará con seguridad y conforme a la ley. Hostec ofrece un servicio integral que incluye la retirada de cubiertas, depósitos y tuberías, así como la correcta gestión de residuos y la tramitación administrativa. Su experiencia abarca desde la retirada de una placa de amianto en un tejado hasta intervenciones de gran envergadura en instalaciones industriales.
La cuenta atrás hacia 2032 no admite improvisaciones. Si quieres evitar sanciones y garantizar que tu edificio cumpla con la normativa, programa una inspección sin compromiso con Hostec. Obtendrás un presupuesto ajustado y la seguridad de que todo el proceso se realizará de forma segura y certificada.
