España enfrentará en los próximos años un desafío demográfico sin precedentes; las jubilaciones masivas de la generación del baby boom. El progresivo retiro de millones de trabajadores no solo reducirá la fuerza laboral disponible, sino que también incrementará la presión sobre un sistema de pensiones, que además ya se encuentra bastante tensionado desde hace algunos años.
La salida simultánea de tantos profesionales amenaza con dejar vacantes difíciles de cubrir en sectores clave de la economía, al tiempo que exige mayores recursos para sostener las prestaciones sociales, un verdadero problema al que debe hacer el frente el Gobierno desde ahora, dada la magnitud del impacto. El impacto de este fenómeno trasciende el ámbito laboral y financiero, ya que afectará directamente al consumo y, en consecuencia, a la evolución de los precios.
Una población envejecida con menos capacidad adquisitiva y con pensiones comprometidas condicionará la demanda de productos y servicios básicos, lo que podría alterar incluso la estabilidad de la cesta de la compra y de la economía en general. Este escenario anticipa un reto estructural que obligará a replantear políticas de empleo, sostenibilidad del sistema público y estrategias económicas de largo plazo, un escenario realmente complejo el que se aproxima a España en los próximos años.
El retiro de la generación del baby boom reducirá la fuerza laboral y aumentará la presión sobre el sistema de pensiones por las jubilaciones masivas
España se prepara para la jubilación de más de nueve millones de personas nacidas entre 1958 y 1977, la generación conocida como baby boom. Según las proyecciones del INE, en la próxima década más de 250.000 trabajadores abandonarán cada año el mercado laboral, lo que reducirá drásticamente la base de cotizantes.
Este proceso coincide con un incremento constante de la esperanza de vida, que ya supera los 83 años, lo que amplía el tiempo de percepción de las pensiones y eleva el gasto público, un verdadero reto para el Gobierno, que tendrá que enfrentar sendas demandas del sistema de pensiones. El sistema afronta una tensión creciente; la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el gasto en pensiones pasará del 12% del PIB actual a más del 15% en 2050.
Con una tasa de dependencia que se duplicará hasta alcanzar el 30% en los próximos 25 años, (buenas noticias para el sector residencias de mayores y compañías dedicadas al servicio de cuidados) el equilibrio financiero del sistema público se ve seriamente comprometido. El reto será garantizar la sostenibilidad de las pensiones en un contexto de menor recaudación y mayor número de beneficiarios.
Sectores clave de la economía afrontan el riesgo de vacantes sin cubrir ante la falta de relevo generacional
La construcción, la industria y la sanidad son algunos de los sectores que más sufrirán la falta de mano de obra cualificada. El Banco de España ya ha advertido de que un 28% de las empresas del sector de la construcción no encuentra trabajadores disponibles, una cifra que podría aumentar conforme se intensifiquen las jubilaciones.
En el ámbito sanitario, el Consejo General de Colegios Médicos señala que casi el 40% de los facultativos actuales superará los 60 años antes de 2030, lo que amenaza con agravar la escasez de profesionales en hospitales y centros de salud. La carencia de relevo generacional afecta también a la hostelería y a la agricultura, donde el 60% de los trabajadores tienen más de 55 años.
Si no se incorporan jóvenes y no se atrae talento extranjero, miles de vacantes quedarán sin cubrir en la próxima década. Esta situación no solo limita la competitividad de las empresas, sino que también ralentiza la actividad económica en sectores esenciales para el PIB nacional.
El envejecimiento de la población impactará en el consumo y podría alterar la estabilidad de los precios básicos
El progresivo envejecimiento de la población tendrá un efecto directo en los hábitos de consumo y en la cesta de la compra. Con más de un 30% de los españoles mayores de 65 años en 2050, según Eurostat, el gasto se orientará hacia bienes y servicios vinculados a la salud y los cuidados, en detrimento de otros sectores como el ocio o la tecnología.
Este cambio de patrón de consumo reducirá la demanda de determinados productos y presionará a la baja la actividad en ramas enteras del comercio y la industria. Al mismo tiempo, la menor capacidad adquisitiva de los jubilados, unida al incremento de la presión fiscal para sostener el sistema, podría tensionar los precios de bienes básicos.
Un informe de la OCDE advierte de que el encarecimiento de alimentos esenciales como pan, leche y carne podría verse amplificado por la reducción del consumo generalizado y los problemas de oferta en sectores agrícolas sin relevo laboral. En consecuencia, la estabilidad de la cesta de la compra podría convertirse en uno de los indicadores más sensibles del impacto económico del envejecimiento poblacional.
