El recién estrenado registro estatal de viviendas de uso turístico o pisos turísticos, impulsado por el Gobierno Nacional para regular plataformas como Airbnb o Booking, ha comenzado su andadura envuelto en dudas, retrasos administrativos y malestar entre comunidades autónomas y propietarios, vamos que el inicio no ha sido lo que se esperaba para ninguno de los involucrados.
Aunque el objetivo es establecer un control más estricto sobre este tipo de alojamientos, la falta de información clara, la complejidad del procedimiento y la disparidad en la aplicación autonómica han generado un arranque accidentado que amenaza con desincentivar el cumplimiento. Las críticas no se han hecho esperar.
Varias comunidades, como Madrid o Andalucía, denuncian duplicidades innecesarias y una invasión competencial, mientras que muchos propietarios expresan su frustración ante un trámite que consideran confuso y poco práctico. A pesar de la voluntad de orden, el nuevo registro nace entre la burocracia impuesta por el gobierno y el desconcierto de propietarios e inquilinos, sin haber logrado todavía el consenso que necesita para consolidarse como una herramienta eficaz.
Nueva normativa europea obliga a registrar todas las viviendas turísticas alquiladas a través de plataformas digitales
Así es, a partir del 1 de julio de 2025, el sector turismo en España experimenta una serie de cambios impuestos desde Bruselas, y que afecta directamente la experiencia de los involucrados en el proceso, especialmente a los propietarios, y es que todas las viviendas utilizadas con fines turísticos que se ofrezcan a través de plataformas como Airbnb y Booking, y otras a lo mejor no tan conocidas, deberán contar con un número de registro oficial. Esta nueva exigencia, impulsada por una normativa europea, busca reforzar el control sobre el alquiler vacacional, aumentar la transparencia y combatir el fraude.
La inscripción debe realizarse a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, donde los propietarios obtendrán un código que deberá figurar en todos los anuncios. Sin este número, las plataformas no podrán publicar o mantener activos los anuncios.
Esta obligación se aplica tanto a particulares como a empresas, independientemente de si alquilan de forma ocasional o continua. Solo están exentos quienes alquilan fuera de línea, sin sistema automático de reserva y pago, o quienes ofrecen contratos de larga duración.
Las plataformas deberán verificar la validez del registro y reportar actividad a las autoridades. No cumplir con la norma conlleva sanciones y la eliminación del anuncio. Para quienes ya alquilan o planean hacerlo, el registro no solo es obligatorio, sino una garantía de operar conforme a la ley.
Propietarios desorientados: el trámite se estrena sin instrucciones claras ni plazos definidos
Un número significativo de propietarios que intentaron registrar sus viviendas de uso turístico a través de la plataforma se han encontrado con un proceso lleno de incertidumbres, por diferentes razones. Y es que todo parece indicar que la falta de una guía clara sobre los pasos a seguir, los documentos exigidos y los plazos de tramitación (siendo este último aspecto el que más preocupación les genera a los propietarios) ha generado un profundo malestar entre quienes, pese a su voluntad de cumplir con la normativa, no saben cómo hacerlo.
En algunos casos, los enlaces proporcionados no funcionaban o redirigían a páginas sin contenido, lo que ha aumentado la frustración. A esta confusión se suma la preocupación por posibles sanciones. Algunos propietarios temen ser penalizados por no registrar a tiempo sus viviendas, aunque el sistema no haya funcionado con normalidad desde el inicio.
La sensación generalizada es que el procedimiento se ha puesto en marcha sin la preparación técnica ni la información previa suficientes, lo que ha dejado a miles de usuarios en el limbo administrativo justo en pleno verano, cuando la actividad del alquiler turístico alcanza su pico.
Comunidades Autónomas critican la medida por duplicar registros y generar inseguridad jurídica
Varios gobiernos autonómicos han manifestado su desacuerdo con el nuevo registro estatal, al considerar que invade competencias y genera una innecesaria duplicidad administrativa. Comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía (las Comunidades Autónomas que concentran la mayor actividad turística) ya contaban con sus propios registros y normas específicas para regular este tipo de viviendas, por lo que ven en esta medida una imposición que no mejora el control, sino que lo complica.
Desde estas administraciones se insiste en que el sistema autonómico ya garantiza la identificación y seguimiento de los pisos turísticos. Además, algunos gobiernos regionales advierten de una posible inseguridad jurídica al no estar clara la prevalencia del registro estatal sobre el autonómico, ni cómo se gestionará la compatibilidad entre ambos.
Las dudas sobre la protección de datos (uno de los aspectos más preocupantes para los involucrados), el cruce de información y la validez de las inscripciones anteriores han encendido las alarmas en el ámbito jurídico. Lejos de aportar claridad, la medida ha abierto un nuevo frente institucional en pleno debate sobre la regulación del modelo turístico.
El Gobierno defiende la norma como un paso clave para controlar la oferta turística irregular
Desde el Ejecutivo, el nuevo registro se presenta como una herramienta imprescindible para frenar el crecimiento descontrolado de pisos turísticos no regulados y mejorar la planificación de las políticas de vivienda. El Gobierno subraya que el objetivo principal es identificar de forma única todas las viviendas de uso turístico en el país y facilitar la cooperación entre administraciones.
La norma se enmarca en el decreto aprobado en diciembre de 2023 y, según el Gobierno, responde a una demanda de transparencia del sector. Los responsables estatales defienden que, a largo plazo, la medida permitirá proteger a los consumidores, garantizar el cumplimiento de las normativas locales y luchar contra la economía sumergida.
Aunque reconocen que puede haber fallos iniciales, insisten en que la plataforma irá mejorando progresivamente. En su opinión, un registro común no solo es necesario, sino urgente, ante el crecimiento de una oferta turística que escapa al control público y afecta directamente al acceso a la vivienda en muchas ciudades.
