El Gobierno ha decidido aplazar hasta septiembre el debate parlamentario sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las principales promesas del Ejecutivo de coalición. La decisión, tomada por el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, responde al extremadamente complejo clima político actual y a la necesidad de seguir negociando con Junts, cuyo apoyo resulta clave para sacar adelante la norma, más que clave, es indispensable en este momento.
Aunque la intención del Ejecutivo es que la medida entre en vigor antes de que finalice 2025, este retraso deja en el aire los planes de adaptación de empresas y trabajadores, especialmente en sectores con menor margen de maniobra. El aplazamiento de la votación ha generado un notable malestar entre los sindicatos, tal y como era de esperarse, sobre todo después de tantas negociaciones. CCOO y UGT han reclamado la reanudación inmediata de la tramitación y han advertido que la demora frena el avance hacia una redistribución más equitativa del tiempo de trabajo.
Las organizaciones sindicales consideran que esta reforma, que no implica reducción salarial (una de las grandes dudas que ha generado la reforma de la ley), supondría un paso decisivo para mejorar la conciliación, reducir las horas extra no remuneradas y reforzar derechos laborales básicos. Sin embargo, con el calendario en pausa hasta después del verano, las novedades sobre la jornada laboral de 37,5 horas dejan a miles de trabajadores sin referencia para 2026.
El Gobierno aplaza el debate hasta septiembre en busca de apoyos clave en el Congreso
El Ministerio de Trabajo ha optado por posponer el debate parlamentario sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, previsto inicialmente para el 22 de julio. La decisión responde a la necesidad de garantizar una mayoría suficiente en el Congreso (un objetivo cuesta arriba para el Gobierno de coalisión), especialmente tras las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Junts.
Esta última formación, clave en la aritmética parlamentaria, ha solicitado más tiempo para estudiar el impacto de la ley sobre pymes y trabajadores en Cataluña, lo que ha llevado al Ejecutivo a trasladar el debate al próximo periodo de sesiones, en septiembre. Fuentes del Ministerio, encabezado por Yolanda Díaz, insisten en que se trata de una norma esencial del acuerdo de gobierno con Sumar y que beneficiaría a más de 12 millones de trabajadores.
No obstante, el contexto político actual, marcado por la tensión derivada del caso Cerdán, ha generado un escenario de inestabilidad que aconseja una mayor prudencia. Pero para el Gobierno sigue siendo prioritario evitar que la norma se debata en un clima adverso que ponga en riesgo su aprobación, aunque ello suponga un nuevo retraso en una reforma comprometida desde campaña electoral, pero lo cierto es que los retrasos parecen marcar la pauta en esta carrera por la aprobación.
Los sindicatos alertan del impacto del retraso en los derechos laborales y la conciliación
Tanto Comisiones Obreras como UGT no han tardado en manifestar su preocupación por la demora en la tramitación de la ley, al considerar que dicha reforma frena los avances clave en materia de derechos laborales, tal y como se esperaba. Las organizaciones sindicales han subrayado que la reducción de jornada, sin pérdida salarial, no solo supone un alivio en la carga laboral semanal, sino que también facilita una mejor conciliación de la vida personal y profesional.
En su opinión, el retraso mantiene en el aire derechos que ya deberían estar en proceso de consolidación. Además, los sindicatos insisten en que la medida ayuda a combatir prácticas laborales abusivas, como las horas extra no declaradas ni cotizadas, al tiempo que impulsa un reparto más justo del tiempo de trabajo.
Desde ambas centrales reclaman la retirada de las enmiendas que bloquean el avance de la norma y exigen al Gobierno que actúe con firmeza para garantizar su aprobación sin más dilaciones.
La incertidumbre legislativa complica la planificación de empresas y trabajadores para el próximo año
El aplazamiento de la ley también ha generado desconcierto entre empresas y trabajadores, que ahora carecen de una referencia clara para planificar la organización del tiempo laboral de cara a 2026. Aunque la intención del Ejecutivo es que la medida entre en vigor antes de que finalice el año (lo que oscurece aún más el escenario de las empresas y trabajadores), el retraso en el calendario legislativo impide adoptar decisiones con la previsión que exigen tanto la gestión empresarial como las expectativas laborales.
Esta falta de certidumbre afecta especialmente a sectores con menor margen de adaptación, como las pequeñas y medianas empresas. Empresas que esperaban ajustar sus turnos, plantillas o sistemas de control horario conforme a la nueva normativa se ven ahora obligadas a esperar (con la amenaza latente de que la reforma sea aprobada antes de que finalice el presente año), mientras los trabajadores continúan sin saber con certeza si disfrutarán de una jornada más corta en el nuevo ejercicio.
A ello se suma el anuncio del Ministerio de una reforma del sistema de registro horario, que incluirá herramientas digitales de control remoto. Sin embargo, sin una aprobación firme en el Congreso, todas estas medidas siguen en el aire, y la incertidumbre se convierte en un factor más de tensión en el mercado laboral.
