Cinco años después de su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a más de 1,35 millones de niños y adolescentes en España. Esta ayuda pública, creada para combatir la pobreza y la exclusión social, especialmente entre la infancia, ha beneficiado en total a más de tres millones de personas desde junio de 2020. Sin embargo, su impacto no ha sido suficiente para sacar a España del preocupante podio de la pobreza infantil en Europa.
Según los últimos datos de Eurostat, en 2024 el 34,6% de los menores de 18 años en España vivían en riesgo de pobreza o exclusión social. Solo Bulgaria presenta una tasa superior. Y lo más alarmante; mientras que la media de la UE se sitúa en el 24,2% y ha descendido ligeramente, la tasa española ha aumentado por tercer año consecutivo.
El Gobierno defiende la utilidad del IMV como una «herramienta que funciona», en palabras de la ministra Elma Saiz. No obstante, los organismos independientes y los datos oficiales muestran que más de la mitad de quienes podrían solicitarlo no lo hacen. Problemas de acceso, desconocimiento administrativo o temor a devoluciones de dinero son barreras comunes. En muchos casos, la Seguridad Social ha reclamado hasta 500 millones de euros en cobros indebidos, afectando especialmente a las familias más vulnerables.
El Consejo Económico y Social (CES) alerta de que la pobreza infantil es «una lacra impropia de una economía fuerte» como la española. Su crítica se dirige tanto a la falta de cobertura efectiva del IMV como a su diseño: los umbrales de la prestación son tan bajos que muchas familias en situación de pobreza monetaria ni siquiera califican.
Además, la Autoridad Fiscal (AIReF) ha señalado que recibir el IMV puede reducir la probabilidad de trabajar, incluso después de introducir incentivos laborales. Esto, sumado al elevado desempleo estructural del país, convierte la pobreza en un problema crónico, especialmente entre los menores.
La pobreza infantil sigue siendo un desafío de primer orden para España. Y aunque el IMV ha supuesto un paso importante, los datos evidencian que aún no es suficiente para cerrar la brecha social que afecta a millones de niños y adolescentes.
Cinco años de Ingreso Mínimo Vital: luces y sombras
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) cumple cinco años desde su implementación en junio de 2020 con el objetivo de reducir la pobreza extrema, especialmente entre los colectivos más vulnerables como la infancia y los adultos mayores. En este tiempo, la prestación ha llegado a más de 3,1 millones de personas, de las cuales 1,35 millones son niños y adolescentes, representando el 43,3% del total, de acuerdo a los datos oficiales.
Esta ayuda económica ha permitido garantizar un colchón básico para miles de hogares en situación de exclusión social, y su cobertura se ha ido ampliando gradualmente con el paso de los años. A pesar de este avance, el IMV aún no consigue revertir la elevada tasa de pobreza infantil que sufre España, ¿una contradicción?
Según los últimos datos de Eurostat, en 2024 más de un tercio de los menores españoles (34,6%) se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que nos sitúa como el segundo país con mayor pobreza infantil en la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria. El aumento de beneficiarios del IMV no ha sido suficiente para frenar una tendencia al alza, lo que cuestiona su eficacia como principal herramienta contra la pobreza infantil.
España, subcampeona de la UE en pobreza infantil
España sigue destacando y esta vez de forma negativa en los rankings europeos en materia de pobreza infantil. Mientras que la media comunitaria se sitúa en el 24,2%, España supera esa cifra en más de 10 puntos porcentuales. Esta situación afecta a más de 2,7 millones de menores, lo que pone en evidencia la persistencia de un problema estructural que va más allá de la coyuntura económica.
Lejos de mejorar, la tasa española ha crecido en los últimos años, (lo que contradice el discurso oficial) y evidencia que los esfuerzos actuales no están logrando el impacto necesario. La paradoja es clara; en un país con indicadores macroeconómicos relativamente sólidos, la infancia y los adultos mayores sigue siendo uno de los colectivos más castigados.
El Consejo Económico y Social (CES) ha calificado esta situación como «una lacra social impropia de una economía fuerte y una democracia consolidada». La falta de una política pública universal y bien articulada para apoyar a las familias con hijos, especialmente en los primeros años de vida, agrava esta realidad y limita el potencial de las generaciones futuras.
El IMV no llega a todos: problemas de acceso y ejecución
Uno de los principales desafíos del IMV es que no logra alcanzar a todos los hogares que tienen derecho a percibirlo, lo que plantea muchas interrogantes entre los miles de españoles que han solicitado la ayuda y se les ha denegado. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el 56% de los potenciales beneficiarios no está recibiendo la ayuda.
Este dato revela los graves problemas en la implementación de la política, desde la falta de información adecuada hasta el lenguaje burocrático o el temor a reclamaciones por pagos indebidos que disuaden a muchas personas de solicitarla, prueba de ello los innumerables reclamos que ya se han realizaco.
Además, ha habido un incremento en los litigios relacionados con la denegación, revocación o devolución de prestaciones del IMV. Y por si fuera poco, la Seguridad Social ha reclamado más de 500 millones de euros en cobros indebidos, lo que ha llevado incluso al Defensor del Pueblo a intervenir de oficio.
Una política social que necesita evolución
Expertos y organismos como el CES y la AIReF coinciden en que el IMV, tal como está concebido, resulta insuficiente para erradicar la pobreza infantil, vamos un dato que ya habían advertido los expertos al inicio del programa. Su diseño como red de seguridad mínima lo deja por debajo de los umbrales reales de pobreza, lo que significa que, aun con la ayuda, muchas familias siguen sin cubrir sus necesidades básicas.
Por ello, se ha propuesto avanzar hacia un modelo más generoso y universal, que contemple los costes reales de crianza, al menos entre los 0 y 3 años. A esto se suma la necesidad de mejorar la gestión administrativa, incorporando automatismos que reduzcan la burocracia y aseguren una cobertura más eficiente.
También se plantea que el IMV debería integrarse dentro de un sistema más amplio de transferencias no contributivas, para actuar con mayor contundencia en momentos de crisis o de inflación, y es que al final el tema de los plazos, los requisitos y la burocracia afectan seriamente el proceso de solicitud. La oportunidad de utilizar el IMV como canal central en lugar de medidas dispersas (como descuentos en transporte o energía) sigue sin haberse aprovechado del todo.
Trabajo y pobreza: un binomio que persiste
Uno de los datos más alarmantes es que tener trabajo no garantiza salir de la pobreza, otra gran verdad que cuesta aceptar, la pobreza se ha convertido en un círculo vicioso del que cuesta salir. El 17% de los hogares españoles con empleo y con hijos sigue en situación de pobreza laboral.
Esto demuestra que los salarios bajos y la precariedad siguen siendo una trampa para muchas familias, y que las políticas sociales deben ir acompañadas de reformas estructurales en el mercado laboral y mejoras en la productividad para ser verdaderamente efectivas.
La AIReF también ha señalado que recibir el IMV reduce en hasta cinco puntos la probabilidad de trabajar (y este sí que es un dato curioso y digno de análisis), especialmente en quienes reciben las prestaciones más elevadas. Esto plantea el reto de encontrar un equilibrio entre protección y estímulo al empleo.
Aunque se han introducido incentivos para evitar que se pierda dinero al combinar salario y prestación, los resultados todavía no son concluyentes. Es evidente que combatir la pobreza requiere una política integral que combine ayudas económicas, empleo digno y servicios públicos de calidad.
