La revisión de las etiquetas medioambientales está en marcha y podría suponer un cambio radical para muchos conductores en España. El sistema actual, implantado en 2016, ha sido cuestionado por organizaciones ecologistas desde hace años, con hechos que son altamente conocidos por todos, expertos en movilidad y hasta por algunos sectores políticos que lo consideran desfasado e ineficaz. Ahora, una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible obliga al Gobierno a replantear los criterios para conceder las etiquetas Eco y Cero, con el objetivo de incorporar las emisiones reales de CO₂ como factor determinante.
Pedro Sánchez tiene doce meses para realizar un estudio que redefina el sistema de etiquetado de la DGT. Aunque la revisión no será retroactiva, debido a que lo ya realizado ha quedado en el pasado y no afectará a los vehículos que ya tienen distintivo, los nuevos modelos deberán ajustarse a criterios más estrictos. Esta medida puede alterar drásticamente el mercado de vehículos nuevos y obligar a fabricantes y compradores a replantearse sus elecciones.
Peligra la etiqueta Eco para los coches de gas y microhíbridos
La nueva normativa pone en el punto de mira a los vehículos de gas específicamente (GLP y GNC) y los microhíbridos, conocidos como MHEV, buenas noticias para conductores que todavía no hacen el cambio al modelo sostenible. Hasta ahora, estos modelos disfrutaban de las ventajas de la etiqueta Eco, como acceso a zonas de bajas emisiones y beneficios fiscales, a pesar de su limitada aportación a la reducción de emisiones. Las organizaciones ecologistas han calificado este etiquetado como un «coladero» que beneficia a tecnologías que no cumplen con los estándares reales de sostenibilidad.
Si el nuevo sistema incorpora las emisiones reales de CO₂ como criterio, muchos de estos vehículos quedarían automáticamente fuera de la categoría Eco. Esto supondría un golpe para miles de conductores que todavía no inician el proceso de transición, de allí el impacto que podría llegar a tener esta enmienda a la ley y también para las marcas que han impulsado estos modelos como una alternativa ecológica asequible. Sin embargo, esta enmienda podría generar motivos para celebraciones, el cambio podría acelerar la transición hacia tecnologías más limpias, pero también generar una gran incertidumbre en el mercado.
La industria del automóvil, en pie de guerra
Los manifestantes han mostrado su rechazo frontal a cualquier cambio en el sistema actual, tal y como era de esperarse. Argumentan que alterar las reglas del juego de forma repentina pone en riesgo la recuperación del mercado automovilístico, especialmente tras años de caídas por la pandemia y la incertidumbre económica. Temen que las ventas de híbridos no enchufables, microhíbridos y coches de gas se desplomen si pierden la etiqueta Eco, lo que impactaría directamente en el empleo y la inversión industrial.
Además, la patronal denuncia que el sistema actual ya es bien comprendido por los consumidores y que cambiarlo ahora solo generaría confusión. Aseguran que muchas decisiones de compra se toman en función del distintivo ambiental, por lo que la modificación podría retrasar nuevas matriculaciones. En su opinión, el Gobierno debería centrarse en incentivar la infraestructura de recarga eléctrica y no penalizar tecnologías de transición.
Los ecologistas celebran el cambio
Para organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Transport & Environment, la revisión llega tarde pero es bienvenida. Llevan años denunciando el “lavado verde” que supone otorgar etiquetas Eco a vehículos que, en la práctica, siguen contaminando casi tanto como los modelos tradicionales. Consideran que el etiquetado ha sido utilizado como herramienta de marketing por parte de la industria para disfrazar de sostenibles tecnologías que apenas contribuyen a reducir el CO₂.
Estas organizaciones reclaman un sistema más transparente, donde se tenga en cuenta el ciclo completo de emisiones del vehículo, incluyendo su fabricación, uso y reciclaje. También exigen que se penalice el mal uso de los híbridos enchufables (PHEV), que pueden contaminar tanto como los coches de combustión si no se recargan con frecuencia. Para los ecologistas, este cambio es esencial para que las políticas públicas de movilidad sean realmente eficaces.
Qué pasará con los híbridos enchufables
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo sistema será la etiqueta Cero que actualmente disfrutan muchos híbridos enchufables. Aunque estos vehículos pueden recorrer más de 40 km en modo eléctrico, la realidad es mucho más distinta de lo que se pensaba, muchos usuarios no recargan sus baterías regularmente, por lo que terminan funcionando como coches de gasolina convencionales. Esto contradice el espíritu del distintivo Cero, reservado supuestamente a los modelos sin emisiones.
Si el Gobierno decide endurecer los requisitos, algunos híbridos enchufables podrían pasar a tener etiqueta Eco o incluso C, perdiendo privilegios como el acceso libre a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta posibilidad preocupa especialmente a los conductores que adquirieron estos vehículos esperando mantener esos beneficios durante años. El debate ahora está servido: ¿deben mantenerse los incentivos a tecnologías que dependen del comportamiento del usuario?
Qué coches seguirán teniendo las etiquetas Cero y Eco
Los únicos modelos que no corren peligro de perder su etiqueta son los 100% eléctricos y los de hidrógeno, por razones obvias, ya que solo estando conectadas se generan muchas enfermedades. Estos vehículos no emiten gases contaminantes durante su uso y, por tanto, se mantendrán como los únicos merecedores del distintivo Cero según los nuevos criterios. También es probable que los híbridos autorrecargables (HEV) más eficientes mantengan la etiqueta Eco, aunque con limitaciones.
La clave estará en los umbrales de emisiones que se establezcan y en cómo se midan. Si el sistema se basa en datos reales de consumo y CO₂, muchos modelos tendrán que pasar nuevos test de homologación para obtener su etiqueta. A corto plazo, esto podría ralentizar el mercado, pero a medio y largo plazo, se espera que contribuya a una mayor coherencia entre el distintivo que lleva un vehículo y su impacto ambiental real.
