El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha renovado sus ataques contra la Universidad de Harvard, exigiendo que entregue una lista de estudiantes extranjeros matriculados. Lo hace a pesar de que una jueza federal, Allison Burroughs, suspendió temporalmente su orden ejecutiva en ese sentido.
Trump argumenta que Harvard recibe miles de millones en subvenciones federales mientras acoge a un número que considera excesivo de estudiantes internacionales (según él, un 31% del alumnado, aunque la universidad afirma que es 27,2%). Además, acusa a algunos de estos alumnos de participar en protestas propalestinas y califica a la universidad de “antisemita”.
Desde su red social, Truth Social, Trump ha cuestionado por qué Harvard “no es transparente” y ha sugerido que sus fondos deberían destinarse a “otras escuelas de negocios”. También se ha burlado del nivel académico de los alumnos extranjeros y ha asegurado que algunos de sus países de origen «no son aliados de EE. UU.» ni contribuyen económicamente a su educación.
La medida de Trump ha generado incertidumbre y temor entre los estudiantes internacionales, algunos de los cuales han expresado sentirse devastados y confundidos ante las amenazas de expulsión y la retórica hostil del mandatario.
La disputa legal continúa, con audiencias programadas para los próximos días, mientras el Departamento de Seguridad Nacional amenaza con impedir que Harvard matricule a nuevos estudiantes extranjeros si no cumple con las demandas del Gobierno.
Trump ordena revisar los visados de intercambio tras su regreso a la Casa Blanca
El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que exige una revisión inmediata de los programas de visado para estudiantes internacionales, incluidos los de intercambio educativo. La medida, que ha sido presentada como parte de un paquete más amplio para reforzar “la seguridad y la soberanía nacional”, ha provocado una rápida respuesta de las universidades y organizaciones académicas de todo el mundo, especialmente en Europa.
Entre las categorías afectadas se encuentra el visado J-1, utilizado por cientos de estudiantes españoles cada año para realizar estancias formativas en centros educativos y empresas estadounidenses. Aunque la Casa Blanca no ha confirmado aun si la suspensión será temporal o permanente, fuentes del Departamento de Estado han advertido de que podría tener un impacto inmediato en los procesos de solicitud ya en curso.
La incertidumbre ha generado una oleada de preocupación entre las familias españolas que esperaban enviar a sus hijos este verano a programas internacionales. Instituciones educativas y agencias de movilidad advierten de un posible colapso administrativo si la medida se aplica con carácter retroactivo, lo que pondría en jaque a todo el sistema de intercambios transatlánticos.
Centenares de jóvenes españoles podrían perder sus plazas por un giro inesperado de Washington
La medida adoptada por Trump deja en el aire el futuro académico de centenares de jóvenes españoles que ya habían sido aceptados en programas de intercambio en Estados Unidos. Muchos de ellos cuentan con plazas confirmadas, vuelos reservados y hasta alojamiento contratado. Sin embargo, la incertidumbre en torno a la tramitación de los visados amenaza con truncar sus planes a pocas semanas del inicio del curso.
Universidades como Harvard, Stanford o la NYU reciben cada año a estudiantes españoles dentro de convenios bilaterales que ahora podrían quedar congelados. Agencias de estudios internacionales en España han comenzado a recibir cancelaciones y solicitudes de reembolso, mientras intentan reubicar a los estudiantes en otros destinos alternativos, como Canadá o Irlanda. El temor a una suspensión abrupta del programa J-1 se extiende también entre los profesores e investigadores afectados, muchos de los cuales dependen de estas estancias para completar sus proyectos académicos.
Las universidades de EE. UU., en vilo ante la presión política sobre los programas internacionales
La comunidad universitaria estadounidense ha reaccionado con desconcierto y preocupación ante el anuncio presidencial (los avances científicos importantes se han obtenido por equipos interdisciplinarios y multiculturales).
Rectores de las principales universidades han emitido comunicados conjuntos en defensa de los programas de intercambio, subrayando su papel clave en la diplomacia académica y en la construcción de relaciones internacionales sólidas. “Cerrar la puerta a los estudiantes internacionales es cerrar la puerta al futuro”, ha afirmado el presidente de la Universidad de California, alertando de que la decisión podría suponer un daño irreparable a la reputación global del sistema educativo estadounidense.
En paralelo, organizaciones como NAFSA y el Institute of International Education han iniciado una campaña para presionar al Congreso y evitar que la medida se convierta en ley permanente. Alegan que “limitar el acceso de estudiantes extranjeros no solo perjudica a los países emisores, sino también a la economía estadounidense, que se beneficia anualmente de miles de millones de dólares generados por la educación internacional”.
Por ahora, la batalla se libra en el terreno político y diplomático, mientras los afectados esperan respuestas en medio de una creciente incertidumbre. Mezclar el tema educativo con el político, nunca ha sido una buena idea, la afirmación de Trump sobre el origen de estos estudiantes procedentes de países que “no son aliados” del país ha dejado a la comunidad científica internacional literalmente “sin palabras”.
