En España, aguardar una cita médica se ha convertido en una carrera de fondo. Lo que debería ser un trámite accesible y eficaz, cada vez se parece más a una prueba de resistencia. La realidad que denuncian los ciudadanos va mucho más allá de las cifras oficiales: las largas esperas para acceder a un especialista o a una prueba diagnóstica están empeorando la salud de quienes más dependen del sistema público. Una reciente encuesta impulsada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo confirma.
Casi 900 personas han compartido su experiencia con la OCU y sus testimonios dibujan un escenario de deterioro preocupante. Porque, mientras los datos oficiales maquillan el tiempo real de espera, los pacientes cuentan otra historia. Una historia de demoras que agravan dolencias, vulneran derechos y siembran desconfianza.
3Pruebas diagnósticas: el alivio (relativo) de la espera

En contraste con las consultas, las pruebas diagnósticas muestran una imagen algo menos sombría. Según los datos recopilados por la OCU, la media nacional se sitúa en 98 días, lo que equivale a poco más de tres meses. A pesar de ello, siguen superando ampliamente los 45 días máximos estipulados por la ley para pruebas no urgentes.
El panorama, de nuevo, varía según la región. Mientras en Castilla-La Mancha y Aragón los tiempos se reducen hasta los 67 y 61 días respectivamente, en Extremadura la espera se dispara hasta los 156 días. Tres veces más de lo que marca la normativa. En Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León también se registran tiempos por encima de los 100 días.
Pero el tiempo no es lo único que preocupa. Según denuncian muchos pacientes en la encuesta de la OCU, los problemas organizativos son frecuentes. Desde no recibir instrucciones claras para la preparación de la prueba, hasta citas no confirmadas o centros tan alejados que suponen un verdadero reto logístico. Todo esto complica aún más un proceso que debería ser sencillo y centrado en el paciente.