El coste de las bajas médicas en España ha alcanzado niveles récord, según el último informe del Banco de España, el gasto total derivado de las incapacidades temporales superó los “20.000 millones de euros en 2024”, lo que equivale a más del 1% del PIB nacional. De esa cifra, las administraciones públicas asumen cerca de 15.000 millones, mientras que las empresas soportan un gasto de casi 5.000 millones (un dato verdaderamente alarmante para los actores de la economía española).
Esta tendencia al alza ha provocado un aumento del 78,5% en el coste fiscal desde 2019, y un incremento del 62% en el gasto empresarial (una mala noticia para el sector), lo que evidencia una carga cada vez más insostenible para el sistema económico. La evolución de este gasto no solo pone presión sobre las cuentas públicas, sino que también genera incertidumbre en el tejido empresarial.
Las empresas deben asumir un coste creciente asociado al “absentismo laboral”, lo que afecta directamente a su rentabilidad y capacidad de inversión. A medio plazo, este fenómeno amenaza con “erosionar la competitividad de la economía española” si no se toman medidas para contenerlo o prevenirlo. El Banco de España advierte que esta situación requiere reformas estructurales si se quiere evitar un desequilibrio duradero en el mercado laboral y en las finanzas del Estado.
Banco de España: Un fenómeno generalizado en edad, sectores y territorios
Lo interesante del informe del Banco de España, es que el incremento de las bajas médicas no es exclusivo de un sector ni de un grupo de edad determinado, el dato atraviesa de manera transversal a la economía. “En 2019, el 2,7% de los trabajadores españoles estaban de baja, mientras que en 2024 ese porcentaje ya alcanza el 4,4%”. Este crecimiento se ha producido en todas las comunidades autónomas y afecta por igual a jóvenes y mayores, lo que indica que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una tendencia estructural.
Además, los sectores productivos más diversos, desde la industria hasta la hostelería, se han visto afectados por este repunte en el absentismo laboral. A nivel europeo, España es el tercer país con mayor proporción de trabajadores en situación de incapacidad temporal, solo por detrás de Noruega y Eslovenia.
Esta singularidad preocupa al Banco de España, ya que podría indicar una “disfunción específica del mercado laboral español o de su sistema de salud” (la variable “sistema de salud” hace aún más interesante el dato). La incapacidad para revertir esta tendencia podría traducirse en una menor productividad global, además de agravar los problemas de sostenibilidad del sistema de protección social.
Las razones detrás del aumento de bajas
Entre los motivos identificados por el Banco de España para explicar este fenómeno están el deterioro de la salud tras la pandemia, el envejecimiento de la población y el ciclo económico. Desde la COVID-19, diversos estudios han mostrado un aumento en las enfermedades crónicas y problemas de salud mental, que se reflejan ahora en un mayor número de bajas.
Además, “el envejecimiento progresivo de la población activa” (un dato que no se puede esconder, la población trabajadora española está envejeciendo) significa que cada vez hay más trabajadores con condiciones físicas que requieren descansos laborales prolongados. A esto se suma un elemento económico: cuando el mercado laboral está en auge, los trabajadores perciben una menor amenaza de perder su empleo si solicitan una baja. En un contexto de crecimiento del empleo como el actual, los trabajadores se sienten más respaldados para priorizar su salud.
El Banco de España también apunta a “cambios sociales más profundos”, como una reevaluación del equilibrio entre vida laboral y personal (el tema de conciliación familiar está pisando fuerte). Muchos empleados están menos dispuestos a soportar condiciones exigentes si estas comprometen su bienestar físico o emocional.
Vacantes sin cubrir: el otro frente abierto
La escasez de mano de obra es otra preocupación crítica. Según el informe, el 0,9% de los puestos de trabajo sobre la población ocupada están actualmente sin cubrir (un dato que agrava aún más la situación, sobre todo para ciertos sectores de la economía). Este porcentaje, aunque parezca pequeño, representa una cifra importante en términos absolutos y refleja un desajuste estructural entre oferta y demanda de empleo.
Además, el 45% de las empresas asegura que “la falta de trabajadores limita directamente su capacidad de producción” (evidentemente existe una relación directamente proporcional entre las variables), especialmente en sectores como la hostelería y la construcción. El aumento de las bajas laborales agrava aún más esta escasez de personal.
A la falta estructural de mano de obra se suma ahora la “indisponibilidad temporal de trabajadores por motivos de salud” (las famosas y nada apreciadas faltas médicas), generando un doble impacto: “menos empleados activos y más costes para empresas y administraciones”. Esta combinación amenaza con frenar el crecimiento económico y puede dar lugar a un círculo vicioso en el que la productividad se vea estancada por la falta de recursos humanos disponibles.
La vivienda, otro desafío estructural
El informe del Banco de España también alerta sobre “el déficit habitacional como una barrera para el crecimiento económico”. Actualmente, faltan unas 600.000 viviendas en el país, un déficit que afecta especialmente a los jóvenes y que eleva la presión sobre los precios inmobiliarios. Aunque parecen variables “diferentes”, existe una relación directa entre la falta de vivienda y el crecimiento económico, en este contexto, los trabajadores necesitan una vivienda, y en España además de que no hay viviendas disponibles (poca oferta) los precios de las existentes están por las nubes.
Aunque en 2024 se añadieron “80.000 nuevas viviendas” (una cantidad que difícilmente cubre el déficit de viviendas existente), esta cifra está lejos de cubrir la demanda existente, lo que implica que la solución será lenta y requerirá esfuerzos sostenidos durante varios años. Este problema no solo tiene implicaciones sociales, como el acceso limitado a una vivienda digna, sino también económicas que se reflejarán en la economía a mediano y largo plazo.
La falta de vivienda limita la movilidad laboral, impide que los trabajadores se trasladen donde hay empleo disponible y frena el dinamismo de ciertas regiones urbanas. En conjunto la tensión del mercado laboral y el aumento de las bajas médicas, la crisis de vivienda forma parte de un conjunto de retos estructurales que deben abordarse para garantizar una recuperación sólida y sostenible.
