El Gobierno está estudiando ya la posibilidad de multar a Wizz Air y Transavia por cobrar el equipaje de mano, ampliando así a estas compañías las medidas que ya aplicó en noviembre del pasado año cuando sancionó por el mismo motivo a Ryanair, EasyJet, Vueling, Norwegian y Volotea.
El Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy les impuso el pasado noviembre, en concreto, una multa por valor de 179 millones por cobrar suplementos «abusivos». Y ahora, «Estas otras dos empresas están en proceso de seguir los mismos pasos que las cinco anteriores», ha explicado el ministro este miércoles en Bruselas.
CONSUMO YA MULTÓ EN NOVIEMBRE A COMPAÑÍAS COMO EASYJET, RYANAIR O WIZZ AIR CON 179 MILLONES DE EUROS
«El Ministerio de Consumo sancionó a estas cinco aerolíneas por incurrir en prácticas ilegales, incluido cobrar por el equipaje de mano, pero también por seleccionar el asiento para viajar con niños o con personas dependientes, por falta de transparencia en la formación de precios o por cobrar por imprimir la tarjeta de embarque, por ejemplo», ha ampliado Bustinduy.
Más allá del cobro de las maletas de mano, Bustinduy ha apuntado que el Gobierno también pretende evitar lo que considera prácticas abusivas en las políticas de las aerolíneas relacionadas con los asientos para menores, el trato a las personas con movilidad reducida o las tarifas extras que cobran por imprimir la tarjeta. De hecho, fue por esas mismas prácticas que la Moncloa sancionó a las cinco compañías aéreas de bajo coste, que ahora han recurrido la sanción a la justicia.
Las aerolíneas como EasyJet, afectadas denunciaron entonces la sanción ante la Comisión Europea, que esta está examinando desde enero tras pedir información detallada a España. Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press indican que el Gobierno ya remitió la documentación, que los servicios de la Comisión están aún evaluando.
«ES INACEPTABLE DE SE INTENTEN LEGALIZAR PRÁCTICAS QUE SON CLARAMENTE ILEGALES…»
«Es inaceptable que se intenten legalizar prácticas que son claramente ilegales y cualquier medida a nivel europeo debería mejorar y reforzar los derechos de los consumidores», ha destacado Bustinduy, quien ve «completamente incomprensible que las instituciones públicas sirvan a los intereses de las multinacionales en lugar de reforzar los derechos de los consumidores.
Al respecto, el ministro ha destacado que «el Gobierno español está intentando proteger la ley que defiende a los consumidores» ante la «proliferación de estas prácticas ilegales e ilícitas».
Estas prácticas se declaran abusivas por exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina; de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos, en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes; y por no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles. También por imponer una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque,
Las compañías argumentan que si no pueden cobrar ese recargo tendrán que repercutir el coste en el precio de todos los billetes. Bustinduy ha respondido afirmando que las compañías aéreas ya han incrementando los precios de los billetes en torno a un 60% en los últimos años al mismo tiempo que han cobrado por el equipaje de mano. El caso está judicializado en España, tras un recurso presentado por las aerolíneas, y se espera que de manera inminente la Justicia decida si ordena medidas cautelares para que las compañías no puedan cargar por el equipaje de mano hasta que se resuelva definitivamente el caso.
