El nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor este martes, abre la puerta a la regularización de unos 300.000 inmigrantes en España, aunque según las organizaciones sociales, deja en el aire la situación de los solicitantes de asilo rechazados.
El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado 19 de noviembre y se marca como objetivos adecuar la norma a la situación de inmigrantes, satisfacer las necesidades del mercado laboral y de las personas migrantes y hacer frente al reto demográfico español.
¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL NUEVO REGLAMENTO PARA INMIGRANTES?
Estos ajustes buscan agilizar los trámites administrativos y reorganizar las competencias entre las diversas autoridades implicadas en el proceso migratorio. La reforma tiene un impacto tanto en los inmigrantes que desean regularizar su situación como en las empresas y administraciones que gestionan estos procedimientos.
Además, responde a la necesidad de adecuarse al marco normativo europeo, incorporando directivas como la 2024/1233 (permiso único de residencia y trabajo), la 2016/801 (movilidad por estudios) y otras relativas a la protección de personas trabajadoras y víctimas de violencia.
El reglamento establece cinco modalidades de arraigo a las que se podrán acoger los inmigrantes para solicitar su regularización: social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad, una modalidad dirigida a las personas que han tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no se hubiera renovado por alguna razón.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha resaltado algunos aspectos positivos de esta reforma, como la reducción en un año del tiempo exigido para solicitar la regularización por arraigo, la flexibilización de requisitos y el desarrollo de visados como vías regulares de entrada. No obstante, la normativa implica un retroceso para las personas solicitantes de asilo que, si ven rechazadas sus peticiones, quedarán en situación administrativa irregular, un punto que ha generado críticas entre colectivos sociales.
La reforma afectará tanto a aquellas personas que busquen la regularización de su situación como a las empresas y autoridades implicadas en la gestión del proceso migratorio. Pero, ¿cómo?
Pues, entre los nuevos requisitos, se reduce el tiempo exigido de permanencia en España para acceder al arraigo de tres a dos años para acceder al arraigo, flexibiliza los requisitos que se deben cumplir, y permite contabilizar tanto el trabajo por cuenta ajena como por propia desde el primer momento. Todas las autorizaciones iniciales serán de un año (salvo la familiar, que llegará a los cinco) y las renovaciones, de cuatro.
PRINCIPALES NOVEDADES EN EL NUEVO REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA PARA INMIGRANTES
El arraigo sigue siendo una vía fundamental para la regularización de personas extranjeras inmigrantes en situación irregular, pero con cambios importantes:
- Arraigo social. Ahora se exige una residencia mínima en España de dos años, en lugar de tres, junto con la demostración de vínculos familiares con residentes legales o un informe de esfuerzo de integración. También es necesario contar con medios económicos equivalentes al 100% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
- Arraigo socioformativo. Sustituye al antiguo arraigo por formación y permite la regularización para quienes cursen estudios en centros acreditados y trabajen hasta 30 horas semanales, facilitando la integración social y laboral.
- Arraigo sociolaboral. Requiere dos años de residencia, precontratos laborales de al menos 20 horas semanales y salario proporcional al tiempo trabajado. Esta modalidad flexibiliza los requisitos previos.
- Arraigo familiar. Dirigido a padres, madres o tutores de menores nacionales de la Unión Europea o cuidadores de personas con discapacidad que convivan con ellos. Se concede una autorización de residencia y trabajo de cinco años.
- Arraigo de segunda oportunidad. Permite regularizar a personas que hayan perdido su residencia legal en los dos años previos, siempre que no hayan sido expulsadas por motivos de orden público, seguridad o salud.
INQUIETUD POR LOS SOLICITANTES DE ASILO
A pesar de las flexibilización del sistema, las organizaciones de defensa de migrantes (Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes) presentaron en enero un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la norma.
En él, advierten de que la reforma del reglamento de Extranjería impide que el tiempo que los inmigrantes y solicitantes de asilo pasan en España de forma legal, esperando una respuesta a su solicitud, pueda usarse para solicitar el permiso de residencia en caso de que la resolución de protección internacional sea negativa.
