Los consumidores de supermercados como Aldi o Lidl han mostrado su indignación ante la posición de la Asedas de oponerse a la reducción de jornada laboral de 40 a 37,5 horas. El presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Josep Antoni Duran i Lleida, remitió este lunes una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mostrando su rechazo al Proyecto de Ley.
La reducción de la jornada laboral fue aprobada el pasado 6 de mayo por el Consejo de Ministros y remitido posteriormente a las Cortes para su tramitación parlamentaria, pero la patronal de supermercados de Lidl, Aldi, Mercadona, Dia y Uvesco considera que los informes en los que se han basado muestran «un profundo desconocimiento de la realidad socioeconómica y laboral de la distribución».
Duran i Lleida señala una «firme oposición» a este Proyecto de Ley y un «profundo malestar» por la manera en la que se ha presentado, principalmente por enfocarse en vender una iniciativa dirigida a beneficiar sobre todo a los millones de trabajadores del comercio y la distribución. Asedas considera que los empresarios y los representantes de los trabajadores han acordado siempre las mejores condiciones posibles para ambos en los convenios vigentes.
La asociación acusa a Yolanda Díaz de impedirles explicar con detalle por qué consideran inadecuada y perjudicial la propuesta, y afirman que van a solicitar a todos los grupos parlamentarios en las Cortes que apoyen las enmiendas a la totalidad del proyecto. Entienden que el Ministerio de Trabajo proyecta «una imagen negativa y no justificada» que ignora el servicio que los supermercados prestan a la sociedad, con amplios horarios de apertura al público para atender a distintos tipos de necesidades familiares y sociales y alta flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los consumidores.
Consumidores piden el boicot a los supermercados implicados
Muchos consumidores han llamado al boicot tras enterrarse de la postura de estos supermercados. «Tomamos nota para pasarlo por grupos de WhatsApp, intentar que se haga viral y que se sepa que no vamos comprarles más», dicen. «Menos beneficios y más respeto laboral», comentan recordando que, en la mayoría de países, la reducción de jornada se ha traducido en una mejora de la productividad.
«Mi hijo trabaja en Ahorramas como encargado de pescadería. Cobra 1.800 euros al mes y trabaja 21 días sin libras, seis días a la semana», comenta Vicente tras conocer la postura de los supermercados, asegurando que su hijo no tiene posibilidad de vacaciones salvo en verano o Navidad. «Doblar turno se paga en días libres, y si quieres librar el fin de semana, sábado ‘de calidad’ y recuperas. No se pagan horas extra», sentencia.
Mientras, Marcos, otro encargado, afirma que esa persona cobra 1.800 porque tiene el antiguo convenio de Ahorramas. «Los que tenemos el nuevo convenio no llegamos ni a 1.500 euros con dos días de libranza al mes. Alejandra, trabajadora de Dia, afirma que trabaja 40 horas semanales por el salario mínimo, sin librar domingos y sin horas extras.
Supermercados como Aldi o Lidl tienen en otros países como Reino Unido una jornada similar a la propuesta, por lo que extraña la postura ante el cambio. De igual forma, fuentes internas nos confirman que gran parte de los contratos de los trabajadores de estas cadenas ya son de 30 o 35 horas, por lo que la afectación no sería tan alta.
Mientras, la patronal, que representa el 75 % de la distribución alimentaria en España, recuerda que esta es uno de los grandes motores del empleo en el país, empleando a más de 340.000 personas. Destacan también que es uno de los sistemas más competitivos del mundo, sin olvidar a las 214 pequeñas empresas del sector que dan empleo a más de 3.000 trabajadores.
Pese a la respuesta negativa de grupos de consumidores, Asedas entiende que el sistema de distribución alimentaria español consolida a los supermercados y mayoristas de alimentación como uno de los sectores económicos más activos en la creación de empleo «estable y de calidad». Mientras, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado optimista ante la aprobación del Proyecto de Ley. «Se ve la verdadera cara de quién se está oponiendo a la reducción del tiempo de trabajo», ha declarado.
El ministerio, por su parte, liderado por Yolanda Díaz, defiende que la reducción de jornada laboral afectará a más de 12 millones de trabajadores. Otorgará beneficios a los empleados cubiertos por convenios colectivos y también se aplicará en empresas que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual, con la fecha límite de 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima. Los trabajadores ficharán directamente al inicio y finalización de la jornada laboral y registrarán las interrupciones de la misma.
Para ello, las compañías estarán obligadas a adoptar un sistema digital de registro horario que funcionará a tiempo real y será accesible para los empleados y para la Inspección de Trabajo. Para controlarlo, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las compañías que incumplan con el registro horario.
