Cada vez más españoles se lanzan a la aventura de emprender y crear un negocio. Según el Informe GEM España 2023-2024, el 13,5% de la población adulta participa en iniciativas emprendedoras, encadenando tres años consecutivos de crecimiento.
En este contexto no es extraño que el número de autónomos haya crecido en los últimos años superando los 3,3 millones de autoempleados. Sin embargo, los obstáculos estructurales, burocráticos y culturales siguen limitando el potencial de quienes buscan crear su propia empresa.
LAS ADMINISTRACIONES CONTINÚAN SIENDO UNA DE LAS PRINCIPALES TRABAS PARA EMPRENDER
El Informe del Observatorio del Emprendimiento de España destaca que el apoyo de las administraciones públicas es una de las condiciones peor valoradas del entorno emprendedor, con una percepción especialmente negativa entre las mujeres.
Porque emprender y crear una empresa requiere, en promedio, 13 días y un coste mínimo de 3.000 euros para constituir una sociedad limitada, lo que sitúa a España por detrás de países como Reino Unido o Alemania en facilidad para hacer negocios, según el ranking Doing Business del Banco Mundial.
En esta clasificación, para emprender en España, nuestro país ocupa el puesto 30 de 190 países analizados, y se observan notables diferencias regionales: iniciar un negocio es más sencillo en lugares como Logroño o Madrid, mientras que en ciudades como Vigo se convierte en una verdadera carrera de obstáculos.
MENOS JÓVENES EMPRENDEDORES ESPAÑOLES QUE EN OTROS PAÍSES EUROPEOS
Además, por su parte, la proporción de jóvenes que optan por emprender en España es significativamente menor en comparación con otros países europeos como Francia y Bélgica, con un 38% y un 37%, respectivamente.
Por detrás de España se encuentran Suecia (10,7%) y Finlandia (10,8%), con las proporciones más bajas de emprendedores jóvenes. Los motivos detrás de este hecho son diversos, aunque Ariadna Castellanos, brand manager de Holded, ha señalado dos fundamentales: la escasa formación en edades tempranas y la siempre complicada burocracia.
Con el fin de simplificar y economizar algunos procesos, a finales de 2022 entró en vigor la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups, con la que se introdujeron algunos cambios significativos llamados a flexibilizar, agilizar y facilitar la creación de proyectos innovadores.
LA LEY DE STARTUPS DE 2022 NO MEJORÓ EL CAMINO
Entre estos cambios se encuentra la reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 15% durante el primer ejercicio con base imponible positiva dentro de los tres primeros años de creación, el aumento de la exención del IRPF hasta 50.000 euros anuales para las llamadas stock options (acciones de la empresa que se le ofrecen a los trabajadores como forma de retribución complementaria) o el aplazamiento del pago de la deuda tributaria de los dos primeros periodos impositivos en los que la base imponible sea positiva.
Otra medida que fue celebrada por socios fundadores e inversores privados es la decisión de incrementar de 60.000 a 100.000 euros la cantidad máxima deducible en el IRPF por año, además de aumentar el porcentaje de deducción del 30% al 50%.
También se quiso digitalizar la creación de empresas a través del sistema telemático CIRCE, el cual, sin embargo, lejos de acelerar los trámites, los ha vuelto más complejos en algunos casos. Entre otras cosas, para poder crear una empresa se requiere acudir a un punto PAE (Punto de Atención al Emprendedor), obtener el certificado digital y cumplimentar el DUE (Documento Único Electrónico).
Poco antes de la entrada en vigor de la Ley de Startups se aprobó la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, conocida como «Ley Crea y Crece», que incorporó también cambios importantes como la eliminación de la obligatoriedad de aportar 3.000 euros de capital social mínimo para crear una empresa.
El objetivo de todas estas medidas, a priori, era reformar el sistema tributario en lo que afecta a las empresas de reciente creación y minimizar las grandes trabas burocráticas que existen en el proceso de constitución de startups. La posición fundamental que las pymes y autónomos tienen en la economía española, donde representan conjuntamente el 99% del tejido productivo, llevaron a poner en marcha estas modificaciones.
En teoría, esto iba a posibilitar también que las empresas en etapa seed o early stage superar el temido ‘valle de la muerte’ y tener mayores facilidades a la hora de obtener financiación a través de business angels, venture capital o crowdfundings.
Pese a todas estas mejoras, la realidad es que los emprendedores y las startups siguen sufriendo las enormes dificultades que tiene iniciar un negocio en España, por lo que, según señalan muchos actores del ecosistema, esta nueva normativa solo ha supuesto una solución parcial a algunos aspectos concretos, pero no al problema de fondo. Además, son medidas que ponen el foco únicamente en proyectos innovadores de creación reciente.
