No sabes a quién avisas. Con estas palabras, la Dirección General de Tráfico (DGT) lanzó una advertencia clara y directa a los millones de usuarios que, desde sus móviles, alertan sobre controles de tráfico. Detrás de esa frase hay una batalla abierta desde hace más de un lustro, una guerra discreta, pero persistente, que la Dirección libra contra aplicaciones como Waze, Google Maps o SocialDrive.
La escena es conocida: abres tu app de navegación y, además de rutas y tiempos estimados, te salta una alerta. “Control en 500 metros”, “radar móvil en esta zona”, “presencia policial”. A simple vista, podría parecer una ayuda inocente, pero desde el punto de vista de la DGT, es un quebradero de cabeza.
3Una solución inspirada en el modelo francés
Frente a esta situación, la DGT lleva más de cinco años presionando para introducir una modificación en la Ley de Tráfico. El objetivo: que avisar de un control, ya sea por app o por mensaje, sea sancionable. Y para ello, su mirada está puesta en Francia.
En el país vecino, desde 2012, está prohibido no solo el uso de detectores de radar, sino también su simple posesión y transporte. Esta normativa se extiende incluso a las aplicaciones móviles. El decreto nº2012-3, aprobado en enero de ese año, modificó su Código de Circulación de forma contundente y ha servido como ejemplo para otros países europeos.
Allí, aplicaciones como Waze o Coyote (muy popular en Francia) han tenido que adaptarse. Ya no pueden señalar con precisión dónde hay un radar o un control policial. En su lugar, avisan al usuario de “zonas de peligro” en tramos de varios kilómetros. Así, se cumple la norma sin eliminar del todo la funcionalidad que buscan los conductores. Y lo que es más importante para las autoridades:se evita que delincuentes o conductores peligrosos utilicen la tecnología para esquivar la ley.
En España, la DGT quiere ir por el mismo camino. La reforma legal planteada —de momento, en forma de Proposición no de Ley— busca introducir una obligación explícita de sancionar a quien difunda información que dificulte la labor de control del tráfico. La propuesta, impulsada por el PSOE en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, aún no tiene fecha para su aprobación, pero el mensaje es claro: si prospera, se acabará el limbo legal.
