Cobrar una ayuda del SEPE implica más que cumplir unos requisitos básicos: “conlleva una responsabilidad continua y sujeta a una normativa clara”. Tanto trabajadores como empleadores deben actuar con transparencia absoluta, ya que cualquier error, omisión o falsificación de datos puede derivar en duras consecuencias legales y económicas. La Inspección de Trabajo y el propio SEPE vigilan estrechamente el cumplimiento de las condiciones que permiten acceder a estas prestaciones, y no dudan en sancionar las irregularidades detectadas.
Cualquier error, omisión o intento de eludir las condiciones del SEPE puede tener consecuencias muy graves. En los últimos meses, tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como la Inspección de Trabajo han intensificado los controles para garantizar que las ayudas por desempleo lleguen únicamente a quienes cumplen estrictamente con los requisitos legales. Esto significa que no renovar la demanda de empleo, no acudir a una cita obligatoria, omitir un cambio de domicilio o, lo que es más delicado, compatibilizar una prestación con un trabajo no declarado, puede derivar en sanciones económicas que, en casos muy graves, alcanzan los 225.000 euros.
Las multas más severas están asociadas a conductas fraudulentas como trabajar mientras se cobra el paro sin comunicarlo, pactar despidos ficticios o simular contrataciones laborales para acceder indebidamente a prestaciones. Estas infracciones, tipificadas como muy graves en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, no solo implican la devolución íntegra del dinero cobrado indebidamente, sino que también suponen la pérdida del derecho a futuras ayudas e incluso la exclusión de beneficios fiscales para las empresas implicadas. En definitiva, un simple descuido administrativo o una “triquiñuela” mal calculada puede derivar en un problema económico y legal de gran envergadura.
Las infracciones más comunes que pueden dejarte sin subsidio ni derecho a nuevas ayudas
Una de las situaciones más frecuentes que puede poner en jaque las ayudas del SEPE es no comunicar cambios en la situación laboral o económica del beneficiario, y es una de las faltas más frecuentes que suele detectar el SEPE. Omisiones como no informar sobre un nuevo empleo, no renovar la demanda de empleo en plazo o percibir ingresos superiores a los permitidos mientras se cobra un subsidio, son faltas habituales que pueden derivar en sanciones que implican la pérdida del derecho a cobrar prestaciones presentes y futuras.
Además, realizar actividades no autorizadas, como trabajar sin estar dado de alta o cobrar ayudas de forma simultánea en varios países, figura entre los errores más graves. Muchos ciudadanos desconocen que, incluso un simple descuido administrativo, puede interpretarse como infracción, lo que expone a los solicitantes a consecuencias económicas desproporcionadas si no revisan con atención sus obligaciones como beneficiarios.
Así se reparten las sanciones: de faltas leves a muy graves con multas millonarias
El SEPE clasifica las infracciones en tres niveles: “leves, graves y muy graves”. Las leves pueden implicar la pérdida de un mes de prestación, mientras que las graves suponen la extinción o eliminación del subsidio y la imposibilidad de volver a solicitarlo durante un tiempo determinado. Las muy graves, por su parte, pueden acarrear la “devolución de todo lo percibido” indebidamente, intereses incluidos, y multas que, en los casos más extremos, superan los 225.000 euros.
Estas sanciones no solo se aplican en casos de fraude intencionado. También afectan a quienes cometen errores por desconocimiento o falta de diligencia, es decir, “las omisiones también se pagan”, de allí la importancia de estar informados. La legislación no distingue entre dolo y negligencia en muchos casos, lo que convierte a cada trámite y cada declaración en un paso delicado que debe realizarse con precisión para evitar consecuencias económicas devastadoras.
El SEPE y la Inspección de Trabajo intensifican los controles para evitar fraudes y errores
En los últimos meses, tanto el SEPE como la Inspección de Trabajo han intensificado su vigilancia sobre los perceptores de ayudas. El uso de herramientas digitales (tecnología como la IA) y los famosos y temidos “cruces automáticos de datos con la Seguridad Social y Hacienda” (una de las herramientas más efectivas utilizadas actualmente), ha permitido detectar incongruencias de forma más rápida y eficiente, lo que ha elevado considerablemente el número de expedientes abiertos por cobros indebidos.
Esta estrategia responde al compromiso del Gobierno de reforzar la lucha contra el fraude en las prestaciones públicas, una práctica que con el tiempo se ha convertido como habitual, pero también ha puesto en alerta a miles de ciudadanos que podrían verse afectados por simples errores (la parte mala de la historia). La recomendación de los expertos es clara: “revisar cada trámite, conservar la documentación justificativa y, ante cualquier duda, consultar con el SEPE antes de dar un paso que pueda interpretarse como una infracción”.
