En la primera semana del pasado mes de abril, la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha una nueva campaña de vigilancia en carretera que batió récords tanto en número de vehículos controlados como en conductores sancionados. Una operación que, aunque disfrazada de acción preventiva, deja en el aire una pregunta incómoda: ¿estamos ante una herramienta de seguridad vial o frente a una máquina de recaudar?
Los datos de la DGT, por lo menos, encienden la señal de alerta. Y es que, aunque las cifras oficiales hablan de prevención, las cifras económicas y la estrategia en la elección de vías ponen en duda el discurso institucional.
3La tecnología al servicio del control (y del bolsillo)
Parte del éxito de estas campañas se debe, sin duda, al avance tecnológico. En los últimos años, la DGT ha invertido en un sistema de control cada vez más sofisticado, que incluye radares de tramo, cámaras inteligentes, drones y dispositivos portátiles capaces de detectar infracciones sin necesidad de presencia policial física.
La digitalización de las carreteras ha permitido una cobertura mucho más amplia. Hoy, cualquier conductor puede ser sancionado en cuestión de segundos y recibir la notificación en su casa en apenas unos días. Una eficiencia que, en teoría, debería servir para reducir los accidentes. Pero, según los datos disponibles, no está siendo así en todos los casos.
La tasa de mortalidad en carretera ha mostrado una ligera reducción, pero no proporcional al aumento de sanciones. Lo que sí ha crecido de forma constante es el ingreso por multas, que ha permitido a la DGT sostener y ampliar su infraestructura tecnológica sin depender tanto de presupuestos estatales.
Esta independencia financiera no está exenta de polémica. Algunos analistas sugieren que se está generando un modelo de “autofinanciación por infracción”, donde el organismo necesita seguir multando para poder sostener sus propios sistemas de vigilancia. Y eso, sin dudas, tensiona el sentido último del control vial.
