En la primera semana del pasado mes de abril, la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha una nueva campaña de vigilancia en carretera que batió récords tanto en número de vehículos controlados como en conductores sancionados. Una operación que, aunque disfrazada de acción preventiva, deja en el aire una pregunta incómoda: ¿estamos ante una herramienta de seguridad vial o frente a una máquina de recaudar?
Los datos de la DGT, por lo menos, encienden la señal de alerta. Y es que, aunque las cifras oficiales hablan de prevención, las cifras económicas y la estrategia en la elección de vías ponen en duda el discurso institucional.
2¿Seguridad vial o afán recaudatorio?
No es la primera vez que se pone en entredicho el objetivo final de las campañas de la DGT. El discurso oficial siempre apunta a reducir los accidentes de tráfico y proteger la vida de los conductores y peatones. Sin embargo, cuando se analiza el perfil de las sanciones y su distribución geográfica, la sombra de la recaudación vuelve a aparecer con fuerza.
En 2024, la DGT recaudó más de 500 millones de euros en concepto de multas. Y, de ese monto, aproximadamente dos de cada tres euros provinieron de sanciones por exceso de velocidad. Esto convierte a esta infracción en la principal fuente de ingresos del organismo, muy por encima de otras como el uso del móvil al volante o la conducción bajo los efectos del alcohol.
El dato no es menor, sobre todo si se considera que en muchos casos las sanciones por velocidad son impuestas por exceder el límite en márgenes mínimos —1 o 2 kilómetros por hora más de lo permitido—, especialmente en tramos donde el límite baja bruscamente sin aviso evidente. Más allá de la legalidad de estas prácticas, lo que muchos ciudadanos y especialistas cuestionan es la legitimidad del enfoque: ¿realmente se está educando al conductor o simplemente se le está cazando?
