En la primera semana del pasado mes de abril, la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha una nueva campaña de vigilancia en carretera que batió récords tanto en número de vehículos controlados como en conductores sancionados. Una operación que, aunque disfrazada de acción preventiva, deja en el aire una pregunta incómoda: ¿estamos ante una herramienta de seguridad vial o frente a una máquina de recaudar?
Los datos de la DGT, por lo menos, encienden la señal de alerta. Y es que, aunque las cifras oficiales hablan de prevención, las cifras económicas y la estrategia en la elección de vías ponen en duda el discurso institucional.
1DGT: un aumento de sanciones que no es casual
La última campaña de la DGT no ha pasado desapercibida: entre el 1 y el 7 de abril se controlaron 1,2 millones de vehículos en todo el país, lo que representa un incremento de más de 200.000 respecto a la última operación similar realizada en julio de 2024. El dato más alarmante, sin embargo, no está en la cantidad de controles, sino en su consecuencia directa: cerca de 75.000 conductores fueron sancionados por exceso de velocidad, lo que supone un 6,5% más que en la ocasión anterior.
Este porcentaje podría parecer anecdótico si no fuera por el lugar en el que se concentran estas sanciones. La gran mayoría se registraron en autopistas y autovías, donde los márgenes de error en el cálculo de la velocidad pueden jugar una mala pasada. En cambio, en travesías urbanas —donde hay mayor densidad de peatones y riesgos más evidentes— apenas se contabilizaron 1.900 sanciones.
El desequilibrio entre unas vías y otras ha sido objeto de crítica por parte de distintos expertos en seguridad vial. No solo porque se descuida la vigilancia en entornos de mayor siniestralidad, sino también porque el tipo de control aplicado parece diseñado para maximizar la recaudación, no la prevención.
