El pasado 11 de febrero de 2025, el Gobierno de España aprobó una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijándolo en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a un total anual de 16.576 euros. Este incremento del 4,4% respecto al año anterior supone un avance en la mejora de las condiciones laborales, pero también ha generado algunas consecuencias fiscales inesperadas para los trabajadores que perciben este salario.
La medida se enmarca dentro de la política del Ejecutivo de coalición para garantizar salarios dignos y reducir la desigualdad social. No obstante, la falta de actualización en el umbral de ingresos exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha llevado a que, por primera vez, ciertos trabajadores con SMI tengan que tributar en Hacienda. A continuación, analizaremos en profundidad las implicaciones de este aumento del ingreso mínimo, sus efectos en las retenciones de IRPF y la reacción de los distintos actores involucrados.
5Perspectivas futuras y desafíos por resolver
A pesar de los avances que supone el incremento del SMI, todavía quedan desafíos por resolver. Entre ellos, la necesidad de revisar el mínimo exento del IRPF para evitar que los trabajadores con menores ingresos se vean afectados por cargas fiscales adicionales.
En este sentido, el Gobierno ha señalado que está evaluando posibles ajustes en la legislación tributaria para minimizar el impacto de estas retenciones en los asalariados con SMI. No obstante, cualquier modificación en este ámbito requeriría consenso político y una reforma legislativa específica.
Por otro lado, algunos economistas advierten sobre el impacto que estos aumentos salariales pueden tener en las pequeñas empresas, que pueden experimentar dificultades para asumir los costes laborales adicionales. La implementación de incentivos fiscales o ayudas para PYMEs podría ser una solución para equilibrar los efectos de la medida.
