La seguridad y el respeto a las fuerzas del orden son pilares fundamentales de una sociedad justa y estable. Sin embargo, las recientes cifras de agresiones contra miembros de la Guardia Civil en España son motivo de profunda preocupación. JUCIL, una de las asociaciones más representativas del instituto armado, ha denunciado que el incremento de estos ataques evidencia una preocupante «pérdida de respeto a la autoridad» que requiere una respuesta urgente por parte de las autoridades competentes.
En los primeros seis meses del año 2024, se han registrado 728 agresiones contra guardias civiles, lo que representa una media diaria de entre 4 y 5 incidentes de esta naturaleza. Doce de estos ataques incluyeron el uso de armas, lo que eleva aún más la gravedad de la situación. Estas cifras, proporcionadas por fuentes oficiales, muestran un preocupante aumento en comparación con el mismo período del año anterior, y JUCIL ha exigido que se tomen medidas inmediatas para abordar este problema.
ALARMANTE INCREMENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS AGENTES
Según los datos aportados por JUCIL, aproximadamente el 50% de estas agresiones han sido sufridas por personal destinado en el área de seguridad ciudadana, una especialidad que ya enfrenta un déficit de efectivos debido a la asignación de agentes a unidades de reciente creación. Las siguientes áreas más afectadas son las de Tráfico y Seguridad y Protección.
Mila Cívico, portavoz de JUCIL, ha sido enfática en sus declaraciones, afirmando que «no podemos aceptar que este incremento de la violencia quede impune y que las autoridades competentes no actúen con contundencia«. Cívico también ha señalado que estas cifras no reflejan la totalidad de los ataques, ya que no se contabilizan las embestidas de narcolanchas, vehículos o intentos de atropello, lo que, a su juicio, «oculta la gravedad de la situación y dificulta la implementación de medidas efectivas para proteger a nuestros agentes».
LA NECESIDAD DE RECONOCER LA PROFESIÓN DE RIESGO
Ante este preocupante panorama, JUCIL ha reiterado la necesidad de que los guardias civiles sean clasificados como profesión de riesgo, un estatus que actualmente les es negado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo, a pesar de que otras fuerzas de seguridad, como los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, sí cuentan con este reconocimiento.
Este reconocimiento como profesión de riesgo implicaría una mayor protección y apoyo para los agentes, así como mejores condiciones laborales y beneficios que reflejen la peligrosidad inherente a su labor. Según JUCIL, esta medida es fundamental para hacer frente al creciente desafío que suponen las agresiones a los guardias civiles y recuperar el respeto a la autoridad que han jurado defender.
La seguridad de los ciudadanos y el respeto a las fuerzas del orden deben ser prioridades ineludibles en una sociedad democrática. Las autoridades competentes tienen la responsabilidad de abordar esta problemática de manera urgente y contundente, reconociendo el sacrificio y la entrega de los guardias civiles en el cumplimiento de sus funciones.
