La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha asegurado que desde el PSC y el Govern cumplirán «la literalidad y el 100%» de lo acordado con ERC en materia de financiación en el pacto que permitió la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Lo ha afirmado en una rueda de prensa en la sede del partido este lunes tras la reunión de la Ejecutiva del PSC, en la que ha sostenido que el Ejecutivo catalán asume la «responsabilidad» y cumplirá la totalidad del contenido del acuerdo.
«Se ha trabajado muy laboriosamente y se ha configurado este documento, que es público, que todo el mundo puede leer y contrastar», ha zanjado Moret. Esto demuestra el compromiso del Gobierno catalán por cumplir lo pactado y transparentar el proceso, lo cual es clave para generar confianza y credibilidad en torno a este acuerdo de financiación.
Una Reforma Legal de la Financiación Catalana con Encaje Constitucional
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, situó como objetivo de su mandato en una entrevista de ‘La Vanguardia’ este domingo que «Cataluña ayude a mejorar España«, y defendió una financiación catalana propia como una reforma legal con encaje en la Constitución española y con el objetivo de mejorar los servicios públicos.
«Buscaremos los caminos y maneras de hacerlo efectivo. Es mi compromiso. No será sencillo. Hay gente aquí y fuera de aquí que hace mucho ruido con este tema. Pero querría invitar a tener un enfoque constructivo, a sumarse a un planteamiento de Cataluña que es solidario«, destacó el presidente.
Un Enfoque Constructivo y Solidario en la Búsqueda de una Mejor Financiación para Cataluña
Estas declaraciones de Moret e Illa ponen de manifiesto la voluntad del Gobierno catalán de cumplir lo pactado en materia de financiación y de hacerlo de una manera constructiva y solidaria, buscando una solución legal que mejore los servicios públicos en Cataluña, pero sin confrontar con el Gobierno central.
Es un enfoque pragmático y moderado, que contrasta con posturas más radicales en el pasado, y que busca avanzar en la mejora de la financiación catalana dentro del marco constitucional. Esto puede facilitar el diálogo y la cooperación entre las administraciones, algo fundamental para abordar con éxito una reforma tan compleja como la del sistema de financiación autonómica.
En definitiva, el Gobierno catalán parece haber aprendido de experiencias pasadas y está dispuesto a explorar vías de entendimiento y colaboración con el Estado para lograr una mejor financiación que beneficie a los ciudadanos de Cataluña. Un enfoque más pragmático y menos confrontacional que puede abrir nuevas oportunidades de progreso.
