En un duro revés para las familias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha inadmitido la demanda presentada por los allegados de las menores Virginia Guerrero y Manuela Torres, desaparecidas hace más de tres décadas en la localidad de Reinosa. Esta decisión, comunicada este sábado, supone un nuevo obstáculo en la lucha de los familiares por reabrir una investigación que las autoridades españolas dieron por cerrada hace ya varios años.
Las niñas, de 14 y 13 años respectivamente, fueron vistas por última vez el 23 de abril de 1992 cuando regresaban de una fiesta en Reinosa. Según testigos, subieron a un vehículo SEAT 127 de color blanco o claro y esa fue la última noticia que se tuvo de ellas. Tras años de búsqueda infructuosa, la Justicia española terminó archivando el caso por falta de pruebas.
La Justicia española se niega a reabrir el caso
Hace un año, el Tribunal Constitucional ya había rechazado el recurso de las familias para reabrir la causa, lo que les llevó a presentar una demanda ante el TEDH a principios de este 2023. Sin embargo, el máximo órgano judicial europeo en materia de derechos humanos ha considerado que no existen méritos suficientes para admitir a trámite dicha demanda.
"Nosotros vamos a seguir trabajando en buscar todos los resquicios que podamos. Seguimos hacia delante", ha manifestado uno de los portavoces de los allegados a las desaparecidas.
A pesar de este nuevo revés judicial, los familiares no desisten en su empeño por reabrir el caso. Recuerdan que en España este tipo de casos nunca prescriben, por lo que se podría retomar la investigación si apareciera algún indicio que diera pie a ello.
Un precedente que sienta un inquietante precedente
La decisión del TEDH sienta un inquietante precedente en un país donde los casos de personas desaparecidas siguen siendo una asignatura pendiente de la Justicia. Según denuncian los allegados de Virginia y Manuela, existe una "laguna" en la jurisprudencia que dificulta el abordaje adecuado de este tipo de situaciones.
El cierre definitivo de este caso emblemático, sin que se haya podido esclarecer lo ocurrido con las menores, supone un duro golpe para las familias que siguen luchando por conocer la verdad. Una lucha que, a la luz de esta resolución, parece condenada a un callejón sin salida.
