El Gobierno español ha anunciado que habilitará antes de que finalice el año partidas presupuestarias por un total de 50 millones de euros para compensar a la Comunidad Autónoma de Canarias por los gastos derivados de la atención a los menores migrantes no acompañados que han llegado a sus costas.
Esta medida surge después de la reunión celebrada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido el encargado de comunicar este anuncio a los medios de comunicación. Sin embargo, desde Canarias ya se ha advertido que dicha cantidad resulta insuficiente para hacer frente a los crecientes costes de este desafío humanitario.
Modificación de la Ley de Extranjería: Una solución para la descongestión
El ministro Torres también ha adelantado que el Gobierno intensificará los esfuerzos para lograr la modificación de la Ley de Extranjería, con el objetivo de hacer obligatoria la distribución de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas del país.
Según Torres, esta medida sería la "única solución" para descongestionar a Canarias, Ceuta y Melilla, que se han visto desbordadas por la llegada masiva de este colectivo vulnerable. La idea es que, al distribuir a los menores de forma equitativa en todo el territorio nacional, se alivie la carga que recae en estas regiones fronterizas.
Retos y perspectivas de futuro
La crisis de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha puesto de manifiesto la necesidad de una respuesta integral y coordinada por parte de las autoridades españolas. La habilitación de los 50 millones de euros anunciada por el Gobierno representa un primer paso para aliviar la situación financiera de la comunidad autónoma, pero es evidente que se requieren soluciones más amplias y duraderas.
La modificación de la Ley de Extranjería para hacer obligatoria la distribución de estos menores en todo el país podría ser una medida eficaz para descongestionar las regiones más afectadas. Sin embargo, este desafío trasciende los aspectos legales y financieros, y exige un abordaje holístico que incluya el fortalecimiento de los sistemas de acogida, la coordinación interinstitucional y el desarrollo de programas de integración social y laboral para este colectivo vulnerable.
En este contexto, el anuncio del Gobierno de destinar 50 millones de euros a Canarias representa un primer paso, pero es fundamental que esta iniciativa se complemente con un plan integral que garantice una solución sostenible a largo plazo para la atención de los menores migrantes no acompañados en todo el territorio español.
