La sentencia judicial del Juzgado de lo Penal nº 4 de A Coruña ha condenado a la encargada de un supermercado Gadis a 20 meses de prisión y a pagar una indemnización de 51.000 euros por ser responsable de cuatro delitos de acoso en el ámbito laboral y de lesiones psíquicas. La condena también alcanza a Gadisa como responsable civil subsidiario.
Según la sentencia, la encargada se dirigía a las empleadas «de forma sistemática y prolongada en el tiempo con graves descalificaciones, ridiculizando sus actos y palabras, tanto en presencia de otros compañeros como de los clientes del centro comercial». Utilizaba expresiones insultantes como «inútil», «analfabeta», «te voy a matar», «subnormal perdida» o «víbora». Además, amenazaba a las trabajadoras con represalias por utilizar las licencias de convenio o por acudir a los representantes sindicales.
Estilo de Dirección Autoritario y Consecuencias Devastadoras
El estilo de dirección «autoritario e insultante» quedó demostrado en la sentencia a través de expresiones como «aquí mando yo», «cuando te diga corre, corres» o «te voy a mandar a casa a dormir». Como consecuencia de esta «situación de hostigamiento», las dos trabajadoras sufrieron problemas de salud mental, con un «trastorno de estrés postraumático y trastorno adaptativo ansioso depresivo» en un caso, y un «trastorno adaptativo» en el otro. Ambas estuvieron de baja médica y en tratamiento por más de un año.
Crítica a los Protocolos Empresariales y Llamado a Priorizar a las Personas
Según la CIG, este caso «no es un aislado» y refleja un estilo de dirección promovido y defendido por la alta dirección de Gadis, que deja a las encargadas a cargo de los centros sin supervisión ni políticas de conciliación. Además, la central sindical afea que los protocolos antiacoso de la compañía «culpabilizan» a las víctimas e insta a Gadis a poner a las personas por delante de los números.
En resumen, esta sentencia condena la cultura empresarial de Gadis, que permite y encubre situaciones de acoso laboral sistemático, con graves consecuencias para la salud mental de los trabajadores. La CIG exige un cambio de paradigma que priorice el bienestar de las personas sobre los intereses económicos de la empresa.
