En un momento clave para la política española, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha expuesto su visión sobre el debate acerca de la financiación autonómica y de las administraciones públicas. Sordo defiende que cualquier discusión en torno a este tema, en un Estado descentralizado como el español, debe ser una negociación de carácter multilateral, orientada a asegurar que el acceso a los servicios públicos sea equiparable en todo el país.
El líder sindical subraya que este debate no puede limitarse a las instituciones catalanas, sino que debe abordar las implicaciones para el conjunto de las comunidades autónomas. Advierte que cualquier propuesta de incrementar la autonomía fiscal y la capacidad recaudatoria de las regiones debe considerar las consecuencias en la caja común, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos para todos los ciudadanos.
LA NECESIDAD DE UN DEBATE MULTILATERAL
Sordo argumenta que «no sería viable políticamente otro escenario» que no fuese una negociación multilateral, independientemente de los acuerdos alcanzados para la investidura de Salvador Illa. Subraya que este acuerdo «compromete básicamente a las instituciones catalanas», pero que el Gobierno de España debe liderar el debate sobre la financiación del conjunto de las comunidades autónomas.
En este sentido, Sordo considera fundamental abordar el «nivel de descentralización fiscal que se puede permitir España», asegurándose de que este sea compatible con una fiscalidad para el conjunto que permita un acceso homologable a los servicios públicos en todo el territorio nacional. Advierte que el **»autogobierno de las comunidades autónomas no puede servir para reducir impuestos y generar un dumping fiscal entre regiones», lo que califica como «un escándalo en términos de país».
LA BÚSQUEDA DE LA SUFICIENCIA Y LA EQUIDAD
El líder sindical enfatiza que este debate «tiene que estar ligado a la suficiencia de los recursos», es decir, garantizar que todas las comunidades autónomas cuenten con los recursos necesarios para poder ofrecer los servicios públicos de manera equitativa. Subraya que el objetivo no debe ser una «pugna entre territorios», sino más bien asegurar que el acceso a los servicios públicos sea al menos homologable en cualquier parte del país.
Sordo reconoce que se trata de un debate «muy difícil», pero recalca que los poderes públicos están obligados a abordarlo para cumplir con este objetivo de equidad y suficiencia. Considera que cualquier reforma de la financiación autonómica debe ir de la mano de una negociación multilateral, liderada por el Gobierno de España, que permita alcanzar un acuerdo que beneficie al conjunto del país.
