La ciudad de Madrid se ha convertido en el epicentro de una lucha encarnizada entre el alcalde y la oposición por el control de los alquileres turísticos ilegales que amenazan con desestabilizar el mercado inmobiliario de la capital española.
Mientras el alcalde, José Luis Rodríguez Almeida, defiende su modelo de regulación, la portavoz de la oposición, Rita Maestre, le acusa de ser «cómplice» de la «ley de la jungla» que impera en el sector. Por su parte, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, reconoce la necesidad de aumentar las inspecciones y garantizar la convivencia entre hoteles y alquileres turísticos.
La Estrategia de Almeida: Moratoria y Sanciones Disuasorias
El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, ha dejado claro que su modelo de regulación de los pisos turísticos no es el mismo que el aplicado en Sevilla, que busca «cortar el agua a los ilegales. En su lugar, Almeida ha optado por una estrategia de moratoria de licencias, incremento exponencial de las sanciones con «finalidad claramente disuasoria» y la publicación de las viviendas legales, además del aumento de las inspecciones y la preparación de una nueva normativa.
Almeida ha argumentado que todos los alcaldes comparten esta «preocupación común» por un «fenómeno muy preocupante en las grandes ciudades». Sin embargo, considera que el modelo de Sevilla no es el adecuado para Madrid, donde el reto es encontrar un equilibrio entre la actividad turística y la preservación del mercado de alquiler residencial.
La Dura Crítica de Maestre: Cinco Años Sin Aplicar la Ley
Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha sido mucho más contundente en su crítica al alcalde. Maestre ha acusado a Almeida de «llevar cinco años sin aplicar la ley» y de ser «cómplice activo» de una «ley de la jungla» que permite a los «piratas» y a los «fondos de inversión» hacer «negocio con las vidas de las gentes aquí en Madrid.
Según Maestre, en la capital existen más de 20.000 viviendas turísticas ilegales, que han contribuido a disparar los precios del alquiler. Por ello, la edil considera que la solución pasa por cerrar estos pisos turísticos ilegales a través de la inspección municipal, algo que el Ayuntamiento no ha hecho a pesar de tener la normativa vigente desde 2019.
El Llamado de Ayuso a la Colaboración
Ante esta situación de confrontación, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha intervenido para reconocer que dentro de sus competencias se ha aumentado el número de inspecciones y de excepciones en materia de alquileres turísticos.
Ayuso ha manifestado que, si bien no están de acuerdo con la proliferación de pisos ilegales, también es importante lanzar un mensaje de apoyo al sector hotelero, que es de «primera» en Madrid, a diferencia de otras ciudades donde los alquileres turísticos han proliferado por la falta de oferta hotelera. En este sentido, la presidenta ha abogado por una «convivencia» entre ambos sectores, siempre dentro de las garantías y la legalidad.
En definitiva, la batalla por el control de los alquileres turísticos ilegales en Madrid se ha convertido en un tenso pulso político entre el alcalde, la oposición y la Comunidad de Madrid, con el telón de fondo de un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible para los madrileños.
