El Trasvase Tajo-Segura ha sido durante décadas una pieza fundamental para el desarrollo económico y agrícola de la Región de Murcia y el Levante español. Sin embargo, en los últimos años, este recurso hídrico ha sido objeto de constantes recortes y ataques por parte del Gobierno central, lo que ha puesto en jaque a los agricultores y regantes de estas zonas.
El senador del Partido Popular (PP) por la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha sido uno de los principales defensores de esta infraestructura y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga fin a lo que él considera un «castigo permanente» contra el Levante español.
El Recorte Sistemático del Trasvase Tajo-Segura
Según Luengo, desde el año 2018, la ministra Teresa Ribera ha recortado el trasvase en 26 ocasiones, lo que ha supuesto que la Región de Murcia y el Levante hayan recibido 190 hectómetros cúbicos menos de agua de lo que deberían haber recibido. Esto, a su juicio, «condena a nuestros agricultores y regantes».
Además, el parlamentario del PP ha denunciado que el Gobierno de Sánchez se prepara para realizar un nuevo recorte de 100 hectómetros cúbicos en el trasvase, a través de la publicación de las nuevas reglas de explotación del Plan Hidrológico del Tajo. Según Luengo, esta medida no está justificada técnicamente, sino que responde a «una estrategia política» por parte del PSOE.
La Necesidad de un Pacto Nacional del Agua
Para «poner orden en la deriva de Sánchez», Luengo ha reivindicado la necesidad de acometer una nueva planificación hídrica que esté articulada con un Pacto Nacional del Agua que dote de «lógica y rigor» a la política de agua en España, sin «presiones políticas ni territoriales».
En este sentido, el senador ha puesto en valor la Cumbre del Agua celebrada en Murcia el pasado 29 de julio, donde los gobiernos de la Región, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana cerraron filas para el mantenimiento del trasvase. Según Luengo, estas cuatro comunidades representan a una población de 22 millones de personas que «merece un trato justo por parte del Gobierno de España y que no se ataque a una infraestructura básica para el sector agrario».
En definitiva, el Trasvase Tajo-Segura se ha convertido en un punto de tensión entre el Gobierno central y las regiones del Levante español, que ven en esta infraestructura un pilar fundamental para su desarrollo económico y agrícola. La defensa del trasvase se ha convertido en una prioridad para el Partido Popular, que exige al presidente Sánchez que ponga fin a lo que considera un «castigo permanente» contra una región clave para la economía española.
