El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha desatado una polémica al criticar a los tribunales por no aplicar de manera completa la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno. Sus declaraciones han provocado una fuerte reacción por parte del Partido Popular (PP), que lo ha acusado de hacer «bravuconadas» contra los jueces y de no centrarse en sus obligaciones como ministro.
La Interpretación Restrictiva de los Tribunales
Aunque Puente no ha mencionado a ningún tribunal en concreto, varios han rechazado aplicar la amnistía en su totalidad. El Tribunal Supremo ha considerado que los encausados por el proceso independentista catalán sí obtuvieron un beneficio personal y afectaron los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que no han sido perdonados.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si el presunto desvío de fondos afecta a los intereses financieros de la UE y, por lo tanto, si debe aplicarse la amnistía. Incluso el juez Joaquín Aguirre, del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, ha rechazado amnistiar a los investigados del «caso Volhov», relacionado con la supuesta trama rusa del ‘procés’.
La Reacción del PP y la Defensa de Puente
Ante estas decisiones, el Partido Popular ha salido en defensa de los tribunales y ha criticado duramente al ministro Puente. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado a Puente de hacer «bravuconadas contra los jueces» y le ha pedido que se dedique a «arreglar los trenes» en lugar de cuestionar el trabajo de los magistrados. Por su parte, el vicesecretario de coordinación Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que Puente «no sabe gestionar su ministerio pero les dice a los jueces cómo aplicar la Ley».
El Objetivo del Gobierno: Controlar los Tribunales
La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha ido más allá y ha acusado al Gobierno de Sánchez de querer «controlar los tribunales» y «poner la justicia al servicio de sus intereses. Según Fúnez, el objetivo del Ejecutivo es «borrar al poder judicial» y mantener su «sillón» en el poder.
En respuesta a estas críticas, el ministro Puente ha defendido que los tribunales «no pueden extralimitarse» al interpretar la Ley de Amnistía y ha expresado su esperanza de que el Tribunal Constitucional ponga «punto final» a esta cuestión. Puente considera que la interpretación de algunos tribunales carece de «por dónde agarrar» y que la amnistía debería haber «puesto punto y final a la cuestión judicial» del ‘procés’.
En resumen, la batalla jurídica en torno a la aplicación de la Ley de Amnistía ha generado una confrontación política entre el Gobierno y el Partido Popular, que acusa al Ejecutivo de querer controlar los tribunales y utilizarlos en su propio beneficio. Mientras tanto, los diversos tribunales han interpretado de manera restrictiva la amnistía, lo que ha provocado la crítica del ministro Puente y la defensa de los jueces por parte del PP.
