La revelación de presuntos casos de tortura, lesiones y agresión sexual en el Centro de Atención de Menores (CAM) de Ateca, en la comunidad autónoma de Aragón, ha generado una profunda preocupación y ha puesto en evidencia graves fallos en la comunicación interna y la gestión de este centro por parte del Gobierno de Aragón.
Ante esta situación, la secretaria general de Chunta Aragonesista (CHA), Isabel Lasobras, ha reclamado enérgicamente la dimisión o cese inmediato de los responsables políticos involucrados en este caso.
La admisión por parte del Gobierno de Aragón de la existencia de deficiencias en la comunicación interna y la apertura de una investigación son pasos necesarios, pero Lasobras considera que son insuficientes desde el punto de vista político, dado la gravedad de los hechos denunciados. Asimismo, el reconocimiento de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, de que existían órdenes claras sobre la comunicación de cualquier incidencia y que estas no fueron cumplidas, pone en evidencia la falta de control y la negligencia en la gestión de un tema tan sensible como la protección de menores.
Exigencia de Responsabilidades Políticas
Ante esta situación, CHA ha reclamado la dimisión o cese inmediato de los responsables políticos involucrados, comenzando por el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, quien ha estado ausente durante todo el proceso, a pesar de ser su competencia directa. Lasobras considera que la protección de los menores es una responsabilidad ineludible del Gobierno y, como tal, no puede haber lugar para la impunidad o la falta de transparencia, reclamando una gestión responsable y ética de los servicios públicos.
Además, CHA ha exigido transparencia total en la investigación, que la auditoría anunciada se realice con la máxima rigurosidad y que sus resultados sean públicos y accesibles a toda la ciudadanía. Asimismo, han solicitado la revisión y mejora de los protocolos de supervisión y comunicación en los centros de menores, no solo en el caso de Ateca, sino en todos los centros gestionados o supervisados por el Gobierno de Aragón, para garantizar que situaciones como estas no vuelvan a repetirse.
Propuestas para Mejorar la Protección de Menores
Chunta también ha propuesto la revisión de los contratos con empresas gestoras de centros de menores, considerando necesario tomar medidas para que «las empresas que incumplen los contratos y ponen en riesgo a los menores no vuelvan a trabajar con la Administración pública«. Además, han planteado garantizar suficientes recursos para este servicio y que sea prestado por profesionales cualificados, así como estudiar la reversión pública de cuantas actuaciones tengan que ver con las personas más vulnerables.
En resumen, la exigencia de responsabilidades políticas y la transparencia en la investigación, junto con la revisión y mejora de los protocolos y la garantía de recursos y profesionales cualificados, son las principales demandas de CHA para abordar de manera integral esta grave situación y garantizar la protección y bienestar de los menores tutelados por el Gobierno de Aragón.
