El ‘greenwashing’ o blanqueo ecológico se ha convertido en una práctica habitual de muchas empresas que buscan vender sus productos o servicios a través de mensajes exagerados o falsos sobre los beneficios medioambientales. Esta táctica comercial se utiliza precisamente por el progresivo aumento de la preocupación social por el cambio climático.
Algunas de estas prácticas engañosas incluyen la ambigüedad en las afirmaciones, el uso excesivo de palabras como «natural», la introducción de información irrelevante, o la compensación oculta, destacando una ventaja medioambiental pero ocultando otras perjudiciales. Esto no solo resulta engañoso para el consumidor, sino que también perjudica a las empresas que sí cumplen con los estándares de sostenibilidad, generando una práctica desleal y una creciente desconfianza en las comunicaciones sobre el medio ambiente.
La Propuesta del Grupo Parlamentario Sumar
El Grupo Parlamentario Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para abordar este problema. La iniciativa tiene como objetivo que a las grandes empresas «no les compense esta práctica desleal» en términos de beneficios en relación con la multa impuesta.
Para ello, Sumar reclama al Gobierno que establezca, a través de la nueva Ley de Consumo Sostenible, un método «ágil, efectivo y con respuesta rápida» para que las empresas puedan comprobar, a través de verificadores asignados, si sus alegaciones medioambientales se ajustan a los parámetros establecidos. Esto es especialmente importante para que las pequeñas empresas «puedan resultar beneficiadas en la correcta información que dan a través del etiquetado de sus productos».
El Objetivo: Proteger a las Empresas Sostenibles y Empoderar a los Consumidores
La nueva ley tiene como objetivo la «lucha firme contra el ‘greenwashing'», protegiendo a aquellas empresas que sí cumplen con los estándares de sostenibilidad y que sufren competencia desleal. Además, se buscará potenciar el desarrollo del índice de reparabilidad para comparar la circularidad de los productos en su propio etiquetado, y la inclusión del derecho a reparar como principio básico.
De esta manera, el Congreso busca empoderar a los consumidores, proporcionándoles información confiable sobre la sostenibilidad de los productos, y al mismo tiempo, proteger a las empresas que invierten en prácticas respetuosas con el medio ambiente.
