La noticia del presunto caso de abusos en el centro de atención a menores de Ateca (Zaragoza) ha sacudido a la sociedad aragonesa. Tras la denuncia y la intervención de la justicia, el Gobierno de Aragón ha reaccionado con rapidez para garantizar la seguridad y protección de los jóvenes internos en dicho centro.
Según la información proporcionada, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Departamento de Bienestar Social y Familia han iniciado los trámites para trasladar a los menores a otros recursos de la Comunidad Autónoma. Esta decisión se adoptó después de que la jueza de Calatayud decretara el cierre del espacio concertado atecano y autorizara la investigación contra el director y cuatro trabajadores del centro.
Acusaciones de delitos graves
Las autoridades han informado que al director y a los cuatro trabajadores (dos educadores y dos auxiliares) se les investiga por presuntos delitos de lesiones, torturas, agresión sexual, delitos contra la integridad moral, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Todos ellos se encuentran actualmente detenidos.
El centro de atención a menores de Ateca es de gestión privada y cuenta con una veintena de plazas concertadas dentro de un acuerdo marco cuya atención y protección corresponde a Aragón. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha manifestado su colaboración absoluta para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Prioridad: garantizar el bienestar y seguridad de los menores
Desde el IASS se ha asegurado que todas las acciones llevadas a cabo en las últimas horas y las que se están realizando tienen como objetivo garantizar el bienestar y la seguridad de los menores, ahora mismo bajo la guardia y custodia de la Administración. Además, el Gobierno de Aragón ha anunciado que se personará como perjudicado en la causa.
Este escándalo ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y control en los centros de atención a menores, tanto públicos como privados. Las autoridades han subrayado su compromiso con la protección de los derechos de los jóvenes más vulnerables y han asegurado que no escatimarán esfuerzos para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.
