El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que el Ejecutivo no puede ir en contra de lo que dicta la justicia sobre el trasvase Tajo-Segura. Morán se ha mostrado sorprendido por la solicitud de algunos gobiernos autonómicos, como los de Valencia, Murcia y Andalucía, de que la Administración General del Estado no modifique las reglas de explotación del trasvase.
Según el secretario de Estado, «la postura del Gobierno de España es la de respetar las sentencias que desde los tribunales de justicia se emiten». Recordó que fueron cinco las sentencias que anularon «en una parte importante, el Plan Hidrológico del Tajo del 2015 por no incorporar un régimen de caudales ecológicos».
En este sentido, Morán señaló que «las administraciones estamos obligadas al cumplimiento de estas sentencias» y, por ello, «se ha elaborado el plan de la cuenca, incorporando caudales ecológicos que nos obliga a tener un régimen de gestión adecuado a la nueva dimensión que establece la planificación hidrológica».
Las Implicaciones de las Sentencias Judiciales
Las sentencias judiciales han tenido un impacto significativo en la gestión del trasvase Tajo-Segura. Según Morán, estas decisiones han obligado a las administraciones a modificar el Plan Hidrológico del Tajo para incorporar un régimen de caudales ecológicos que garantice una gestión adecuada de los recursos hídricos.
Esto implica que el Gobierno Español debe ajustar la explotación del trasvase a las nuevas condiciones establecidas por la justicia. Morán ha sido enfático al señalar que «las administraciones estamos obligadas al cumplimiento de estas sentencias», lo que significa que no pueden ir en contra de lo dictaminado por los tribunales.
La Sorpresa del Gobierno ante las Peticiones Autonómicas
El secretario de Estado se ha mostrado sorprendido por la solicitud de algunos gobiernos autonómicos de que la Administración General del Estado «vaya en contra de las sentencias de los tribunales de justicia». Morán considera que esta petición es contraria a la postura del Gobierno Español de respetar las decisiones judiciales.
Esta situación evidencia la complejidad y las implicaciones políticas que rodean la gestión del trasvase Tajo-Segura. Mientras el Gobierno Español defiende el cumplimiento de las sentencias judiciales, algunos gobiernos autonómicos parecen buscar formas de mantener las reglas de explotación del trasvase, incluso si esto implica desafiar las determinaciones de los tribunales de justicia.
