Especial 20 Aniversario

El Parlamento de Cataluña no podrá penalizar a Garriga por sus erogaciones particulares en la legislatura pasada

El Parlamento de Cataluña se ha visto envuelto en un escándalo relacionado con los gastos personales de algunos diputados, entre ellos el líder del grupo de Vox, Ignacio Garriga. Un informe de auditoría del Parlament constata que se cobraron gastos que no correspondían a la actividad económica del grupo y que no fueron declarados debidamente.

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Según las fuentes parlamentarias, Garriga incumplió el artículo 19.4 del reglamento, por lo cual podría haber sido sancionado en la legislatura anterior. Sin embargo, dado que el informe se produjo en esta nueva legislatura, no se le puede aplicar ninguna sanción, ya que los hechos ocurrieron en el período anterior.

Garriga confirmó haber cobrado 380 euros que ya ha devuelto al grupo, además de más de 39.000 euros en gastos personales como AMPA, peluquería, tintorería y tiendas de alimentación, entre otros. Otros tres diputados de Vox también reconocieron haber efectuado gastos con cargo al grupo parlamentario.

Modificación de la instrucción de subvenciones

Ante la imposibilidad de aplicar sanciones debido a que las cuentas están cerradas, la Mesa del Parlamento ha acordado modificar la instrucción de la subvención de los grupos para restringir los conceptos subvencionables y evitar que los diputados puedan cobrar un sobresueldo a cargo de las subvenciones parlamentarias.

La voluntad de la Mesa es establecer que este dinero no pueda ser destinado a esos conceptos y que no se repita en el futuro.

Composición de la Diputación Permanente

Además, se ha redistribuido la configuración de los miembros de la Diputación Permanente, debido a la constitución de la CUP como grupo parlamentario, que ahora cuenta con 5 diputados. Tras esta reorganización, el PSC tendrá 8 diputados, Junts 6, ERC 3, PP y Vox 2, los Comuns y la CUP 1, mientras que Aliança Catalana tendrá derecho de asistencia con voz pero sin voto.

Por otro lado, el presidente del Parlamento, Josep Rull, ha solicitado al letrado mayor recomendaciones e información sobre cómo abordar los discursos de odio en la Cámara catalana, con la intención de estudiar la posibilidad de emprender acciones legales a posteriori.

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