La Comunidad de Madrid ha manifestado su desacuerdo con el proceso de reparto de los fondos educativos llevado a cabo por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Según el Ejecutivo madrileño, el Ministerio ha realizado el reparto de estos fondos «sin dar tiempo ni capacidad de decisión a las comunidades autónomas».
El consejero madrileño de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha criticado duramente esta situación, afirmando que «todos los programas educativos del Gobierno central vienen cargados de ingeniería social», lo que los convierte «en una imposición ideológica y un desperdicio de recursos».
Fondos en Disputa y Plazos Ajustados
Los fondos en disputa se refieren a los fondos comunitarios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como del Fondo Social Europeo y los estatales del Fondo de Cooperación Territorial. Según Viciana, el reparto de estos fondos «queda comprometido» por la celebración de la reunión de la Sectorial de Educación a finales de julio, «con apenas un mes de antelación al inicio del curso».
Esta situación genera «las consiguientes dificultades para la planificación de la ejecución de estos» programas, además de la «nula capacidad de decisión que tienen las comunidades autónomas para influir en las cantidades que se reparten o el uso que se hace de las mismas».
La «Ingeniería Social» del Gobierno Central
Para el consejero Viciana, el problema radica en que «todos los programas educativos del Gobierno central vienen cargados de ingeniería social«, lo que los convierte «en una imposición ideológica y un desperdicio de recursos. Esto, según el consejero, «pone a las Administraciones regionales en el disparadero de tragar con la manipulación y la mala gestión, o perder un dinero que les corresponde a las Comunidades Autónomas; y de nuevo sin diálogo ni margen de maniobra«.
En este sentido, Viciana critica duramente la falta de diálogo y la «nula capacidad de decisión» que tienen las comunidades autónomas en la distribución de estos fondos educativos, lo que a su juicio convierte estos programas en una mera «imposición ideológica» por parte del Gobierno central.
