La crisis migratoria que atraviesa España se ha convertido en un desafío apremiante para el Gobierno central, particularmente en las Islas Baleares. El Partido Popular (PP) ha exigido el reconocimiento de una «ruta balear de inmigración» y una mayor asignación de recursos al Govern balear para abordar la llegada de migrantes.
Además, han solicitado la recomposición de las relaciones con Argelia con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los convenios de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, así como los acuerdos de devolución de personas en situación irregular.
El diputado del PP en el Congreso, José Vicente Marí, ha criticado duramente la falta de una política migratoria coherente por parte del Ejecutivo central. Según Marí, la modificación de la Ley de Extranjería, rechazada la semana pasada en el Congreso, no habría afectado a Baleares. Sin embargo, el parlamentario popular ha calificado de «vergüenza» que los gobiernos autonómicos tengan que «suplir» la ausencia de una política migratoria nacional.
LA DESCONEXIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL CON BALEARES
Marí ha reprochado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el no haberse reunido con ningún representante de las instituciones baleares para abordar la cuestión migratoria. Según el diputado, desde el Govern se han enviado cartas formales solicitando un encuentro, pero la ministra habría demostrado «mala fe» al eludirlo.
Además, Marí ha criticado que los ministros del Gobierno, incluido el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien visitó Baleares recientemente, «no tengan cinco minutos para tratar los asuntos de Baleares», acusando a Saiz de «mentir» al afirmar que existen diferentes foros para debatir esta cuestión.
El PP ha sostenido que existe una «crisis migratoria» en el conjunto del país y que la capacidad de acogida de migrantes de Baleares está superada en un 650 por ciento. Por ello, han exigido al Gobierno que, «antes de venir a Baleares a hacer homenajes, haga una labor callada y discreta» para abordar esta problemática.
PROPUESTAS PARA UNA BALEARES OLVIDADA
Entre las reclamaciones del PP se encuentran el reconocimiento de una «ruta balear de inmigración», el incremento del plus de insularidad para los trabajadores públicos, la implantación de un sistema de vigilancia exterior en Formentera y una mayor dotación de recursos materiales para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además, han criticado que el Govern haya aceptado el reparto de migrantes llegados a Canarias, algo que, según Marí, «no han hecho Cataluña o el País Vasco».
En un análisis del primer año de la nueva legislatura, el diputado popular ha lamentado que el Gobierno se haya dedicado a «defenderse de una corrupción generalizada en su partido y su entorno», citando ejemplos como el «caso Koldo» o la investigación judicial a la esposa del presidente, Begoña Gómez.
Marí ha afirmado que en este periodo «solo se ha aprobado la ley de amnistía» y ha criticado la «incapacidad» para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, calificando al Gobierno de «no gobernar».
Frente a esta situación, el PP ha valorado el trabajo de sus representantes en las Cortes Generales, quienes han reclamado una mayor dotación presupuestaria para el plus de insularidad, la eliminación del carril bus-VAO en Palma, la devolución del dinero de los convenios de carreteras a los Consells, viviendas para policías en Ibiza y la demarcación judicial de Formentera.
