El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la importancia de garantizar el acceso a la vivienda como un derecho constitucional y un pilar fundamental del Estado del Bienestar. Según Sánchez, la vivienda no debe convertirse en un «cuello de botella» que restrinja el crecimiento económico y la creación de empleo. Esta es una preocupación prioritaria para el Gobierno, que busca hacer efectivo este derecho a través de la movilización de recursos y la colaboración con las administraciones competentes.
El jefe del Ejecutivo ha recalcado que «nadie» puede negar este derecho fundamental recogido en la Constitución. Sánchez ha enfatizado que el Gobierno de España asume su responsabilidad en este ámbito y está dispuesto a empeñar todos los recursos y capacidades necesarias para hacer efectivo el acceso a la vivienda.
El Reto Intergeneracional de la Vivienda
Sánchez ha señalado que la crisis de la vivienda afecta a personas de todas las edades, por lo que se trata de un reto intergeneracional. Además, ha destacado que este problema también supone un reto demográfico del que el Gobierno no se abstrae, ya que la falta de acceso a la vivienda es uno de los principales desafíos de los próximos años.
El presidente ha reconocido que aún queda mucho por hacer, pues la media de vivienda pública en España es infinitamente inferior a la media europea. Según Sánchez, la vivienda se ha convertido en un «privilegio inalcanzable» para muchas personas en España, como lo demuestran las cifras del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúan la vivienda como la segunda mayor preocupación para los españoles.
Una Nueva Línea de Préstamos para Impulsar la Construcción de Viviendas
Para hacer frente a esta situación, los ministerios de Vivienda, Economía y el ICO han firmado un convenio que movilizará 6.000 millones de euros en forma de préstamos y avales destinados a promotores públicos y privados. Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del Gobierno por incrementar el parque público de vivienda asequible, con la construcción o puesta a disposición de más de 180.000 viviendas.
La nueva línea de préstamos a largo plazo de 4.000 millones de euros, vinculada a la Adenda del Plan de Recuperación, financiará viviendas en alquiler social o asequible, con un enfoque en la eficiencia energética. Además, otros 2.000 millones de euros proceden de los Presupuestos Generales del Estado y se destinarán a avalar y dar cobertura parcial a las operaciones incluidas en el Plan.
En resumen, el Gobierno de España ha asumido un compromiso firme para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda y convertirlo en un pilar fundamental del Estado del Bienestar. A través de la movilización de recursos y la colaboración con las administraciones competentes, se busca abordar este reto intergeneracional y demográfico, que afecta a una gran parte de la población española.
