La Comunidad Valenciana y otras regiones del sureste español se enfrentan a un nuevo desafío hídrico, marcado por las recientes decisiones del Gobierno central que, según denuncian las autoridades locales, son un ataque político a sus intereses.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha sido enfático al señalar que cada decisión hídrica del Gobierno de Pedro Sánchez representa una amenaza para la sostenibilidad de la agricultura y el abastecimiento de agua en esta zona.
La Cumbre en Defensa del Trasvase Tajo-Segura, celebrada en Murcia, reunió a altos cargos de varias comunidades autónomas afectadas por esta controversia, quienes exigieron al Ejecutivo nacional diálogo y racionalidad en el manejo de los recursos hídricos.
En este contexto, Barrachina ha denunciado que se está hurtando 100 hectómetros cúbicos de agua a la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, mientras que se envían más de 3.000 hectómetros cúbicos por encima de lo pactado a Portugal, sin que nadie los aproveche.
Los Intereses en Juego
El trasvase Tajo-Segura es un proyecto hidráulico de gran importancia para la agricultura y el desarrollo económico de varias regiones del sureste español. Según Barrachina, la alternativa al trasvase es el desierto para miles de agricultores, miles de hectáreas de huerta y millones de árboles que se talarán si no llega el agua.
Esta infraestructura es vital para el sostenimiento de la actividad agrícola, la cual representa un pilar fundamental de la economía de estas comunidades.
Además, el conseller ha criticado al Gobierno central por no reparar la balsa de San Diego, lo que impide a los regantes almacenar 80 hectómetros cúbicos de agua procedente del trasvase Júcar-Vinalopó. Asimismo, ha denunciado que el Ejecutivo no ha enviado los 20 hectómetros cúbicos que corresponden al lago de la Albufera, un ecosistema de gran importancia ambiental y turística para la Comunitat Valenciana.
Exigencias y Demandas de las Autoridades Locales
Las autoridades de la Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid han unido sus voces para exigir al Gobierno central un diálogo y un enfoque racional en la gestión de los recursos hídricos. Barrachina ha sido claro al afirmar que las reglas de explotación del trasvase deben ser acordadas y pactadas, y no impuestas unilateralmente por el Ejecutivo nacional.
La defensa del trasvase Tajo-Segura se ha convertido en una prioridad para estas regiones, que ven en esta infraestructura la clave para preservar su actividad agrícola, su desarrollo económico y su equilibrio medioambiental. Las autoridades locales están dispuestas a agotar todas las vías posibles para proteger sus intereses y evitar que las decisiones hídricas del Gobierno central se conviertan en un ataque político a sus territorios.
