La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara contraria a Derecho europeo la Ley de Castilla y León que permitía la caza de lobos aun cuando su estado de conservación fuera «desfavorable o inadecuado» a nivel nacional, ha sido acatada y compartida plenamente por el Gobierno autonómico.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha sido categórico al señalar que en Castilla y León nunca se ha cazado el lobo si no estaba en un estado de conservación favorable. De hecho, ha reiterado en múltiples ocasiones que nunca se cazará el lobo en la región si su situación es desfavorable.
La Posición de Castilla y León ante la Sentencia Europea
El consejero ha expresado que la sentencia del TJUE es algo que no solo acatan, sino que comparten plenamente, dado que en Castilla y León siempre se ha actuado en concordancia con ella, cazando el lobo únicamente cuando su estado de conservación era favorable, tal y como determinaban los informes técnicos.
Suárez-Quiñones ha señalado que hasta el año 2021, los cupos comarcales de caza de lobo se establecían sobre la base de que la especie se encontraba en un estado de conservación favorable. Esto demuestra que el Gobierno autonómico ha sido cuidadoso y responsable en el manejo de esta especie protegida.
El Impacto de la Inclusión del Lobo en el LESPRE
Otro aspecto relevante es que el Gobierno de España incluyó recientemente al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que hace que la sentencia del TJUE no tenga aplicación alguna en la actualidad.
Además, Suárez-Quiñones ha recordado que tanto la Comisión Europea como la propia Junta de Castilla y León trabajan para que la región recupere la capacidad de gestión del lobo, no solo en el norte, sino también en el sur del Duero.
Este posicionamiento firme y responsable del Gobierno autonómico demuestra su compromiso con la conservación del medio ambiente y el respeto a la normativa europea, incluso cuando implica ajustes en sus propias políticas. La transparencia y el diálogo con las comunidades autónomas son clave para lograr un equilibrio entre las necesidades de la población y la protección de las especies en riesgo.
