La Comisión Europea (UE) ha tomado medidas contundentes contra España al abrir dos procesos sancionadores separados. Por un lado, ha iniciado un expediente por la falta de transposición completa de las normas europeas sobre reestructuración y resolución bancarias. Por otro, ha dado a España un ultimátum de dos meses para adaptar su legislación nacional a la directiva sobre administradores y compradores de créditos.
Estos pasos enérgicos de Bruselas subrayan la importancia que la Unión Europea otorga al fortalecimiento del marco regulatorio del sector financiero, con el objetivo de garantizar su estabilidad y resiliencia ante futuros shocks. Las autoridades españolas ahora tienen un plazo definido para corregir estas deficiencias en su ordenamiento jurídico, so pena de enfrentar un proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
LA TRANSPOSICIÓN INCOMPLETA DE LA NORMATIVA SOBRE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA
La Comisión Europea ha señalado que España no ha incorporado en su totalidad las modificaciones de la directiva sobre rescate y resolución bancarios, las cuales son fundamentales para garantizar la plena adaptación de la UE a las normas del Consejo de Estabilidad Financiera. Estos cambios abordan aspectos clave, como el tratamiento prudencial de las entidades de importancia sistémica mundial y la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización de los grupos bancarios.
Según Bruselas, la falta de transposición de estas medidas técnicas, si bien importantes, impide alcanzar el nivel de armonización necesario en el marco unificado de la UE para el sector bancario. Esto se traduce en lagunas en la capacidad de resistencia de los mayores grupos bancarios europeos frente a posibles perturbaciones financieras.
Las autoridades españolas tienen ahora dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por la Comisión Europea. De no hacerlo, Bruselas podría elevar el asunto al TJUE, lo que podría conllevar sanciones y obligar a España a implementar las modificaciones sin demora.
LA TRANSPOSICIÓN INCOMPLETA DE LA NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE CRÉDITOS
Paralelamente, la Comisión Europea ha activado un ultimátum de dos meses a España por la transposición incompleta de la directiva sobre gestores y compradores de créditos. Esta normativa exige, entre otras cosas, que estos actúen de buena fe, de manera justa y profesional con los prestatarios, y se comuniquen con ellos de forma que no constituya acoso, coacción o influencia indebida.
Al igual que en el caso de la reestructuración bancaria, España y otros once Estados miembro apercibidos por Bruselas, tienen dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión Europea podría elevar el asunto al TJUE, lo que podría derivar en sanciones por el incumplimiento de la normativa europea.
En definitiva, la Comisión Europea ha actuado con determinación para exigir que España y otros países de la UE apliquen en su totalidad las directivas y reglamentos destinados a fortalecer la regulación y supervisión del sector financiero. Estos pasos forman parte de los esfuerzos de Bruselas por garantizar la estabilidad y resiliencia del sistema bancario europeo ante futuros desafíos.
