El Tribunal Supremo ha tomado una decisión sin precedentes al acordar consultar al Tribunal Constitucional por la amnistía a los desórdenes públicos del ‘procés’. Los magistrados consideran que esta medida, aprobada por el Gobierno, vulnera el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. Esta es la primera vez que el Tribunal Supremo acude a la corte de garantías en relación con la redacción de la ley de amnistía.
La decisión surge tras el estudio del caso de dos condenados por desórdenes públicos por hechos ocurridos en Girona después de la sentencia del Supremo sobre la causa del ‘procés’. Después de escuchar a las acusaciones y defensas, los magistrados han dictado un auto considerando pertinente plantear la cuestión de inconstitucionalidad.
Cuestionando la Amnistía: Vulneración de Derechos y Principios Fundamentales
El Tribunal Supremo considera que la amnistía aprobada por el Gobierno para los delitos relacionados con el ‘procés’ supone una vulneración del derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. Estos son dos pilares fundamentales del Estado de Derecho y su posible quebrantamiento ha llevado al alto tribunal a tomar esta medida excepcional.
El derecho a la igualdad implica que todos los ciudadanos deben ser tratados de manera equitativa ante la ley, sin discriminaciones ni privilegios. Sin embargo, la amnistía selectiva para ciertos delitos podría interpretarse como una aplicación desigual de la justicia, generando inquietud entre los expertos jurídicos.
Además, el principio de seguridad jurídica es esencial para garantizar la confianza de la ciudadanía en el sistema legal. Al perdonar determinados actos delictivos de manera retroactiva, la amnistía podría generar incertidumbre sobre la aplicación de la ley y debilitar la percepción de justicia y legalidad.
Implicaciones y Desafíos Pendientes
La decisión del Tribunal Supremo de remitir la cuestión al Tribunal Constitucional abre un nuevo capítulo en el debate sobre la amnistía. Ahora corresponde a los magistrados de la corte de garantías pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta medida y su impacto en el ordenamiento jurídico.
Este paso representa un desafío importante para el Gobierno, que deberá defender la legitimidad de la amnistía ante el máximo intérprete de la Constitución. Asimismo, la resolución del Tribunal Constitucional tendrá repercusiones trascendentales en la aplicación de la ley y en la consolidación del Estado de Derecho en España.
En definitiva, el Tribunal Supremo ha dado un paso histórico al cuestionar la amnistía, poniendo en jaque la estrategia del Ejecutivo y abriendo un debate fundamental sobre los límites del perdón judicial y la protección de los derechos y principios constitucionales.
