La Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) para que el tiempo empleado en traducir al español un documento francés enviado por las autoridades suizas en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ no fuera computado dentro del plazo de instrucción. La Sala de lo Penal había fijado el 29 de julio de 2021 como fecha de finalización de la prórroga de las actuaciones, lo que llevó al magistrado instructor, Manuel García Castellón, a archivar el procedimiento sin procesar a ninguno de los investigados.
Tras el archivo de la causa, DyJ solicitó a la Sala de lo Penal que el tiempo empleado en la traducción del documento francés fuera considerado como una suspensión del plazo de instrucción, de modo que la finalización de la prórroga no debería haberse producido el 29 de julio de 2021. Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha rechazado esta solicitud.
La Normativa Europea Sobre Traducción de Documentos
La normativa europea configura la traducción de los documentos como un derecho de los imputados o acusados que no entiendan el idioma del documento en cuestión. Este derecho se otorga únicamente a los imputados o acusados, no a las demás partes procesales, y no se extiende a todos los documentos, sino solamente a aquellos que sean esenciales para garantizar el derecho de defensa.
En consecuencia, la suspensión del plazo de instrucción solo podrá deducirse durante la traducción de documentos cuyo idioma desconozca el imputado o acusado, que considere esenciales para su defensa y aplicarse a plazos cuya no interrupción pudiera menoscabar ese derecho de defensa del imputado o acusado. La suspensión por la traducción de documentos no esenciales o de una instrucción cuya finalización no afecte al derecho de defensa del imputado, sería contraria a los fines perseguidos por la normativa europea.
Irrelevancia del Documento Francés para el Derecho de Defensa
En el caso en cuestión, el juzgado no acordó la suspensión del plazo de instrucción al ordenar la traducción del documento francés, y dicho documento resultó ser irrelevante para el derecho de defensa de los imputados. Esto se debe a que la solicitud de auxilio judicial a las autoridades suizas fue denegada y no se practicó ninguna diligencia al respecto. Además, cuando se produjo la respuesta de las autoridades suizas, las actuaciones se encontraban secretas y ni siquiera les fue notificada a los imputados.
Incluso una vez alzado el secreto, el 29 de julio de 2021, fecha de finalización del plazo de instrucción, los investigados Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la dirigente de ERC Marta Molina consideraron concluida la instrucción, lo que pone de manifiesto que no existía afectación alguna a su derecho de defensa por la respuesta de la comisión rogatoria.
