La Comisión Europea ha expresado su preocupación en el informe sobre el Estado de Derecho en España por los ataques en declaraciones de políticos, incluido desde el Gobierno, contra el poder judicial. Esto ha advertido del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias.
Según el documento, la confianza del público en el poder judicial es fundamental para su eficacia, dada su papel especial en la sociedad. El «daño» a esta confianza es «particularmente relevante» cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en las instituciones constitucionales.
Avances Insuficientes en la Independencia del Fiscal General
La Comisión Europea celebra los avances logrados para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y el acuerdo alcanzado para su renovación. Sin embargo, considera insuficientes los esfuerzos realizados para fortalecer el estatuto del Fiscal General y pide más avances en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía del Ministerio Fiscal.
Además, la Comisión Europea recomienda a España que proceda a aprobar la ley sobre la actividad de los grupos de interés, que incluye el establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de interés, y que «intensifique» los esfuerzos para solucionar los escollos relativos a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos con el fin de aumentar la eficiencia en la sustanciación de los asuntos de corrupción de alto nivel, mediante la finalización de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Preocupación por el Uso Excesivo de Procedimientos de Urgencia
Aunque no menciona expresamente la ley de amnistía, el informe comunitario también apunta la preocupación que le han hecho llegar desde distintos sectores por el uso excesivo de procedimientos de urgencia para la aprobación de legislación.
En este sentido, el informe detalla que la ley de amnistía ha sido objeto de «gran controversia» en España tanto «por las circunstancias políticas imperantes durante su proceso de aprobación» como «por su contenido, lo que desató las manifestaciones y declaraciones públicas de diferentes partes interesadas y una «ingente correspondencia» a la Comisión Europea para trasladar esta situación. Estas reacciones llevaron a Bruselas a pedir a las autoridades «aclaraciones» que aún está analizando.
En conclusión, la Comisión Europea ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar la independencia y autonomía del Fiscal General, así como de limitar el uso excesivo de procedimientos de urgencia en la aprobación de legislación, con el objetivo de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en España.
