La reciente dimisión de Isabel García como directora del Instituto de la Mujer en la Comunidad Valenciana ha desatado una tormenta política, con diversas reacciones de los partidos representados en las Cortes Valencianas. Mientras el PSPV defiende la decisión del PSOE de cesar a García, alegando altos estándares éticos, el PP y Compromís han exigido explicaciones sobre los contratos firmados durante su gestión.
Posiciones Encontradas: PSPV vs. PP y Compromís
El síndic del PSPV, José Muñoz, ha elogiado la decisión del PSOE de cesar a García, argumentando que demuestra «unos estándares éticos superiores» al resto de administraciones. Muñoz ha señalado que, a diferencia del Consell de Carlos Mazón, donde hubo «dudas éticas» sobre la directora general de Producción Agrícola, el PSOE toma medidas cuando hay cuestionamientos de ese tipo.
Por su parte, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha criticado la «política de transparencia del PSOE», afirmando que «por esa regla de tres, Sánchez debería dimitir» por la conducta de su esposa. Pérez Llorca ha exigido «muchas más explicaciones» sobre los contratos firmados por García con alcaldes socialistas de la Comunidad Valenciana, cuestionando si era un «peaje» que debían pagar.
La Importancia de la Ley de Incompatibilidades
Desde Compromís, Isaura Navarro ha celebrado el cese de García, a quien califica de «tránsfoba» y que «nunca debió ser nombrada». Navarro ha pedido que se investiguen las adjudicaciones de contratos realizadas por García y ha criticado la derogación y modificación de la ley de incompatibilidades por parte del Consell de PP y Vox.
Navarro ha enfatizado que es «necesaria» la existencia de estas incompatibilidades y «absoluta transparencia» en la gestión de los cargos públicos. Esta posición contrasta con la del síndic de Vox, José María Llanos, quien ha declinado hacer valoraciones sobre el asunto.
En resumen, el caso de Isabel García ha puesto de manifiesto las diferencias ideológicas entre los partidos valencianos, con el PSPV defendiendo la decisión del PSOE, mientras el PP y Compromís exigen más explicaciones y denuncian la debilidad de las leyes de incompatibilidades en la Comunidad Valenciana.
