En un momento en que la crisis migratoria sigue siendo un desafío apremiante para España, la Comunidad Autónoma de Aragón ha dejado claro su postura firme y crítica ante la gestión realizada por el Gobierno central. La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha participado en la XII Conferencia Sectorial de la Inmigración, donde ha expuesto las principales preocupaciones y exigencias de su región en torno a este asunto de vital importancia.
Aragón considera que la crisis migratoria no puede abordarse desde la imposición y la falta de recursos, sino que debe tratarse en el marco de una Conferencia de Presidentes, donde se pueda alcanzar un consenso sobre una política migratoria de Estado que involucre a todas las comunidades autónomas. Susín ha sido categórica al calificar la gestión migratoria del Gobierno central como «nefasta», denunciando la falta de planificación, transparencia e información.
LA POSTURA CRÍTICA DE ARAGÓN ANTE LA GESTIÓN MIGRATORIA DEL GOBIERNO CENTRAL
Aragón ha expresado su firme rechazo a la forma en que el Gobierno de España está manejando la crisis migratoria, especialmente en lo que respecta a la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Según Susín, el Ejecutivo central «no quiere negociar ninguna propuesta con nadie más allá de sus socios habituales», y ha remitido el borrador de la propuesta a las comunidades autónomas con muy poco margen para su análisis.
La consejera ha denunciado que se están planteando reformas que afectan a actuaciones que competen a las comunidades autónomas, como los informes de arraigo y esfuerzo, los informes de contratación en origen o los de escolarización, y que se han hecho «a espaldas de quienes tenemos esas competencias».
Aragón, junto a otras regiones, ha exigido la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para «consensuar una política migratoria de Estado» que aborde el control de fronteras y las acciones en los países de origen de las personas migrantes, además de que el Gobierno central reclame la activación de mecanismos europeos en materia de inmigración.
Susín ha calificado la gestión migratoria del Gobierno central como «nefasta», consecuencia de una «falta de planificación, transparencia y de información».
Ante esta situación, Aragón ha pedido que se declare el estado de emergencia migratoria, ya que se están habilitando recursos de acogida sin coordinarse con los territorios, y el Estado no informa ni de los inmuebles que tiene ni de la llegada de nuevos cupos de personas. La consejera ha afirmado que «sin diálogo con las CCAA y sin recursos económicos y materiales no será posible construir una política migratoria sólida».
EL PROGRAMA 17+ PARA MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN ARAGÓN
El orden del día de la reunión también incluyó informes sobre la situación migratoria actual y la planificación en la gestión y respuesta a la llegada de personas inmigrantes a las costas españolas, así como cuestiones relacionadas con la colaboración y cooperación en materia de inclusión de las personas migrantes.
Susín se refirió al programa 17+ para menores migrantes no acompañados que coordina el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y que cuenta en la actualidad con más de un centenar de participantes. Este programa acompaña a los jóvenes en su transición a la vida adulta una vez alcanzan la mayoría de edad y, en ocasiones, hasta los 23 años.
Sin embargo, el plan de respuesta del Gobierno de España solo financia el primer año de atención y estancia de estos menores migrantes que arriban a Aragón; el resto de ese proceso lo asume el Gobierno autonómico. Susín ha vuelto a demandar «corresponsabilidad y altura de miras» al Ejecutivo de Sánchez en esta cuestión.
LA NECESIDAD DE UN CONSENSO SOBRE UNA POLÍTICA MIGRATORIA DE ESTADO
Aragón ha sido contundente en su postura, afirmando que «en todas estas cuestiones no caben las negociaciones en el último minuto; hay que afrontar la crisis migratoria como un asunto de Estado y no desde la urgencia de un Gobierno abonado al ‘ordeno y mando’ que se niega al diálogo».
La consejera ha expresado que la crisis migratoria no puede abordarse únicamente desde la imposición y sin los recursos materiales y económicos suficientes, sino que debe tratarse en el marco de una Conferencia de Presidentes, donde se pueda llegar a un consenso sobre una política migratoria de Estado que involucre a todas las comunidades autónomas. Aragón considera que esta es la única forma de construir una política migratoria sólida, que atienda a las necesidades reales de los territorios y cuente con el diálogo y la corresponsabilidad de todas las partes implicadas.
