En una resolución que ha sacudido los cimientos de la justicia canaria, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aumentado la pena de cárcel impuesta a dos policías locales de Las Palmas de Gran Canaria que, en febrero de 2021, agredieron e insultaron a cinco ciudadanos extranjeros mientras se encontraban fuera de servicio y bajo la influencia del alcohol.
El TSJC ha estimado el recurso del fiscal, elevando la pena de prisión de un año a un año y medio por la comisión de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, comúnmente conocido como delito de odio. Asimismo, la Sala ha rebajado la pena de inhabilitación inicial de cinco años a cuatro años y medio, atendiendo a los argumentos presentados por los agentes.
La Brutalidad Fuera del Servicio
Los hechos probados revelan que, el 12 de febrero de 2021, los policías locales, estando fuera de servicio y habiendo ingerido bebidas alcohólicas, se cruzaron con un grupo de ciudadanos extranjeros en la vía pública. Al escuchar que uno de ellos hablaba español con acento argentino, los acusados, «con la intención de ofender la dignidad de los extranjeros inmigrantes, humillando de palabra y obra a los que se encontrasen», comenzaron a insultarlos y agredirlos.
Los agentes, según consta en la sentencia, se identificaron como policías durante la agresión, «proclamándolo así de viva voz y mostrando su placa profesional», lo que causó el natural efecto de sometimiento en los ciudadanos por la invocación de su condición de autoridad.
Incluso cuando una de las víctimas les pidió que cesaran en su agresión, uno de los policías le dio dos fuertes bofetadas y le agarró el dedo pulgar de la mano izquierda, tirando de él violentamente hacia atrás.
El Rechazo de la Justicia a la Brutalidad Policial
La Sala de apelación del TSJC ha confirmado la condena por delito de odio a los agentes, además de la condena por delito de lesiones leves a uno de ellos. Si bien ha rebajado la pena de inhabilitación, considerándola «desproporcionada«, ha aumentado la pena de cárcel por la gravedad de los hechos, como había solicitado el fiscal.
Este fallo judicial, susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo, envía un claro mensaje de rechazo a la brutalidad policial y al racismo en todas sus formas, incluso cuando los agresores sean los propios representantes de la ley. La justicia canaria ha demostrado su determinación en la lucha contra la discriminación y la violencia injustificada, independientemente de la posición de poder de los involucrados.
