El Tribunal ratifica pena al gestor de un albergue que acosó sexualmente a una chica

En un veredicto que ratifica la decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de un año y medio de cárcel impuesta al dueño de un albergue por agredir sexualmente a una menor. Además de la pena de prisión, el tribunal ha impuesto otras medidas, como la inhabilitación durante tres años y medio para trabajar con menores y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante dos años y medio.

Conducta Delictiva Comprobada con una Menor, pero no con Otras Dos

En su resolución, el alto tribunal gallego analiza minuciosamente la conducta del acusado en relación con cada una de las menores involucradas. Así, concluye que solo las acciones ejercidas sobre una de ellas encajan en la tipicidad del delito por el que se le acusaba, mientras que en el caso de las otras dos menores, no se ha podido comprobar la existencia de un delito.

Como subraya la sala, «lo que ha hecho la Sala, con toda corrección, es analizar la conducta del acusado en relación con cada una de las menores cuya libertad sexual pudo haber estado en peligro o haber sido lesionada en la noche de autos. Y, de ese modo, concluye que solo las acciones desplegadas sobre la persona de una de las menores encajan en la tipicidad del delito por el que se sostenía acusación».

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Significado de la Sentencia y Sus Implicaciones

La confirmación de la sentencia por parte del TSXG envía un mensaje claro de tolerancia cero ante cualquier tipo de abuso sexual a menores, independientemente del cargo o posición que ocupe el agresor. Además, la resolución subraya la importancia de un análisis exhaustivo de cada caso, evitando generalizaciones y asegurando que solo se condene a quienes hayan incurrido realmente en conductas delictivas.

Este veredicto tiene un impacto significativo, no solo en el ámbito jurídico, sino también en la sociedad en general. Reafirma el compromiso del sistema judicial por proteger a los más vulnerables y garantizar que quienes cometen delitos de esta naturaleza enfrenten las consecuencias de sus actos.

Asimismo, sienta un precedente que puede servir de guía para futuros casos similares, fortaleciendo la lucha contra este tipo de crímenes y promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia de velar por la seguridad y el bienestar de los menores en todos los ámbitos de la sociedad.

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