El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado una propuesta al Congreso de los Diputados, solicitando al Gobierno que inicie negociaciones para suprimir los «privilegios existentes» de la Iglesia Católica en España. Esta iniciativa busca actualizar los acuerdos vigentes entre el Estado Español y la Santa Sede, con el objetivo de adecuarlos al contexto social actual.
Además, Sumar ha pedido al Ejecutivo suscribir un nuevo acuerdo «específico» para la «prevención, reparación, depuración y pago de responsabilidades» por parte de la Iglesia en los casos de abusos sexuales en este ámbito en España. Asimismo, propone incorporar un sistema de coordinación, control y fiscalización por parte del Estado de los expedientes relativos a la reparación por daños causados en los casos de abusos sexuales.
LA HISTORIA DE LOS ACUERDOS IGLESIA-ESTADO
Los cuatro acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede se firmaron el 3 de enero de 1979, con el objetivo de adecuar el antiguo concordato de 1953 a la proclamación de la aconfesionalidad del Estado establecida en la Constitución Española de 1978.
Sin embargo, Sumar señala que estas negociaciones se llevaron a cabo «en secreto» por el entonces ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Adolfo Suárez, el católico Marcelino Oreja, y el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Jean Marie Villot.
Estos acuerdos, con más de 44 años de vigencia, mantienen «incontables privilegios» para el clero católico provenientes de la época franquista en asuntos jurídicos, económicos y en la enseñanza, según destaca Sumar. Diversos colectivos, tanto laicos como cristianos, han denunciado repetidamente estos privilegios.
La Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII y el colectivo Cristianos de Base han realizado diversas peticiones a los diferentes gobiernos del Estado para eliminar estos privilegios. Además, desde los sectores laicos también se ha criticado estos privilegios, en especial en el ámbito de la enseñanza y los asuntos económicos, poniendo de relieve que la Constitución no obliga al gobierno a pagar los salarios de obispos y sacerdotes, o de miles de profesores de Religión y moral católica en las escuelas públicas.
EL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Y LOS ABUSOS SEXUALES
El informe ‘Una respuesta necesaria’ del Defensor del Pueblo, publicado el 27 de octubre del año pasado, reconoce que la Iglesia católica en España «ocultó» casos de abusos en su seno. El informe también reclama la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a las víctimas. Según una encuesta de GAD3 recogida en el informe, el 0,6% de la población ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico y un 1,13% ha sido abusada en un ámbito religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país.
Ante esta realidad, Sumar ha solicitado al Gobierno la suscripción de un nuevo acuerdo «específico» para la «prevención, reparación, depuración y pago de responsabilidades» por parte de la Iglesia en los casos de abusos sexuales. Asimismo, propone incorporar un sistema de coordinación, control y fiscalización por parte del Estado de los expedientes relativos a la reparación por daños causados en los casos de abusos sexuales.
LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS ACUERDOS IGLESIA-ESTADO
La propuesta de Sumar busca actualizar los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, con el objetivo de adecuarlos al contexto social actual. Estos acuerdos, firmados hace más de cuatro décadas, mantienen privilegios para la Iglesia Católica que han sido denunciados por diversos colectivos, tanto laicos como cristianos.
Además, la revelación de casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de estos acuerdos. Sumar ha solicitado la suscripción de un nuevo acuerdo específico para la prevención, reparación y pago de responsabilidades por parte de la Iglesia en estos casos.
La propuesta de Sumar busca sentar las bases para una relación más equilibrada y justa entre el Estado y la Iglesia Católica en España, acorde con los principios de aconfesionalidad y libertad religiosa establecidos en la Constitución. Esta iniciativa representa un importante paso hacia la actualización de los acuerdos y la eliminación de los privilegios históricos de la Iglesia, en aras de una sociedad más inclusiva y respetuosa con los derechos de todos los ciudadanos.
