La entrada de la Policía Nacional en un piso de la calle Lagasca de Madrid durante la pandemia, sin consentimiento del inquilino ni autorización judicial, ha sido parcialmente cuestionada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En una sentencia detallada, los magistrados han determinado que dicha entrada carecía de «habilitación legal», lo que supone un importante revés para las autoridades.
La Entrada Policial Carece de Respaldo Legal
El fallo del TSJM estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el inquilino, representado por el despacho Ospina Abogados. Los magistrados consideran que la entrada de los agentes en el domicilio «carecía de habilitación legal, al haberse realizado sin consentimiento del titular y sin autorización judicial, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa de delito».
Esta resolución sienta un precedente relevante, al recalcar que el domicilio es inviolable y que las autoridades deben respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso en situaciones excepcionales como la pandemia. El abogado Juango Ospina ha adelantado que recurrirá el caso ante el Tribunal Supremo, con el objetivo de defender aún más los derechos de su cliente.
Absolución de los Agentes, pero con Matices
Si bien el TSJM mantiene la absolución de los agentes acusados, la sentencia introduce algunos elementos importantes. Los magistrados consideran que existió un error de tipo invencible en la actuación de uno de los agentes y un error de tipo vencible en la del otro.
Además, los jueces cuestionan que la entrada policial fuera urgente para impedir la comisión de un delito, ya que en los hechos probados se indica que los ocupantes del piso simplemente apagaron la música y guardaron silencio al advertir la presencia de los agentes. Esta circunstancia, según el TSJM, no habilitaría la entrada sin autorización judicial.
Un Revés para las Autoridades, un Triunfo para los Derechos Fundamentales
La resolución del TSJM supone un importante revés para las autoridades, que deberán ajustar sus actuaciones a los límites legales, incluso en situaciones excepcionales. Para el abogado de la acusación particular, este fallo demuestra que «un estado de derecho que no respeta los derechos fundamentales se convierte en la peor tiranía».
Sin embargo, el debate jurídico no termina aquí. Tal como ha anunciado el letrado Ospina, la acusación particular recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, buscando una resolución final que reafirme aún más los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones de las fuerzas de seguridad.
