El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una sentencia de 101 páginas que estima parcialmente el recurso de amparo presentado por el exConsejero socialista de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, anulando la condena inicial de 9 años de inhabilitación que le impuso la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE.
La Audiencia de Sevilla había condenado a Zarrías por prevaricación, debido a su participación en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos de la Junta de Andalucía entre 2002 y 2009, que contenían la partida «transferencias al IFA en materia de relaciones laborales«, utilizada para financiar los polémicos ERE irregulares y las ayudas arbitrarias y sin publicidad.
Asimismo, Zarrías había participado en la aprobación de las modificaciones presupuestarias realizadas entre 2000 y 2008, que incrementaron los programas 22E, 31L y 32H relacionados con las relaciones laborales, con el objetivo de eludir los requisitos legales para la concesión de subvenciones y la fiscalización previa de la Intervención.
La Interpretación del TC sobre la Ley de Presupuestos
Sin embargo, el TC considera que la Audiencia de Sevilla y posteriormente el Tribunal Supremo han realizado una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos «resolución» y «asunto administrativo» de la prevaricación, al haber considerado que la participación de Zarrías en la aprobación de anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos podía ser calificada como «resoluciones recaídas en asunto administrativo».
El TC argumenta que la Ley de Presupuestos no es únicamente un conjunto de previsiones contables, sino una «verdadera ley», cuyo contenido no puede ser objeto de control de legalidad mientras se encuentra en fase de proyecto, sino únicamente de un juicio de constitucionalidad una vez aprobada.
Además, el Tribunal Constitucional subraya la centralidad del Parlamento andaluz en el entramado institucional, por lo que desconocer la relevancia de la aprobación parlamentaria de la ley vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal.
El Conocimiento de Zarrías sobre la Ilegalidad de las Modificaciones Presupuestarias
No obstante, el TC sí confirma la condena a Zarrías por su participación en la aprobación de las modificaciones presupuestarias realizadas en los años 2000, 2001 y 2004, en las que se incrementaron los créditos de los programas 22E y 32H. Según el Tribunal, estas modificaciones sí acreditan el doble conocimiento de Zarrías sobre el «cambio al sistema de transferencias de financiación» y su «ilegalidad«, al ser contrario a la regulación de las subvenciones sin contar con cobertura legal en la Ley de Presupuestos.
En conclusión, el TC ha estimado parcialmente el recurso de Zarrías, anulando la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia de Sevilla y ordenando a dicho tribunal que emita una nueva sentencia, únicamente en lo relativo a su posible comisión de un delito de prevaricación en relación con las modificaciones presupuestarias mencionadas.
