La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha respondido al magistrado Pablo Llarena, instructor del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, con duras críticas por no haber explicado claramente las dudas que tiene sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía al delito de desobediencia. Según la defensa, esta falta de especificidad impide una adecuada comprensión de los fundamentos jurídicos que podrían sustentar una posible inconstitucionalidad de la norma.
Falta de Concreción en la Resolución de Llarena
La defensa de Puigdemont reprocha al juez Llarena que haya dado 10 días a las partes para pronunciarse sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), sin haber explicado previamente las dudas que él mismo tiene sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía al delito de desobediencia. Según el abogado Gonzalo Boye, esta «falta de especificidad» en la resolución impide «una adecuada comprensión de los fundamentos jurídicos» que podrían sustentar una posible inconstitucionalidad de la norma.
Para la defensa, Llarena no ha concretado cuál sería la tacha de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, lo que dificulta que las partes puedan formular un pronunciamiento preciso y fundamentado sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Esto, a su juicio, constituye una «infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y del derecho a la defensa».
La Defensa Considera que la Ley de Amnistía es Constitucional
No obstante, la defensa de Puigdemont deja claro que, «en términos abstractos», considera que la ley de amnistía «no incurre en ninguna tacha de inconstitucionalidad». Según el abogado, la norma «ha sido diseñada y aprobada dentro del marco constitucional vigente, cumpliendo con los procedimientos legislativos y las garantías democráticas establecidas».
La defensa insiste en que «no se han identificado, a priori, elementos que contravengan los principios constitucionales fundamentales, tales como la separación de poderes, el derecho a un juicio justo, y la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas». Por lo tanto, considera que el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad «solo conllevaría una innecesaria pérdida de tiempo» para la aplicabilidad de la ley de amnistía.
Temor a un Intento de Dilación Indebida
Finalmente, la defensa de Puigdemont advierte que el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad «sin una base clara y específica» no solo sería «una pérdida de tiempo», sino que también «podría interpretarse como un intento de dilatar el proceso judicial de manera indebida».
Además, recuerda que el propio Llarena había dicho que, en caso de que una ley de amnistía entrara en vigor, no le correspondería a él como juez instructor plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Esto genera, según la defensa, una «contradicción» en la actuación del magistrado.
En resumen, la defensa de Puigdemont ha criticado duramente la falta de claridad de Llarena sobre sus dudas de constitucionalidad, considerando que la ley de amnistía es plenamente constitucional y que el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad podría interpretarse como un intento de dilatar el proceso judicial.
